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El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó al Senado un paquete de cinco nuevas leyes nacionales y otra más de la dependencia que encabeza, como “propuesta de una verdadera reforma al sistema de prevención y persecución del delito”.
Esto, dijo, en defensa de la ciudadanía, de restablecer el Estado de derecho, así como para cumplir con el reclamo social de justicia pronta, expedita y que tenga como principal objetivo la reparación del daño a la víctima.
El paquete plantea un mecanismo jurídico para acabar con la llamada “puerta giratoria”; se incluye tomar la opinión del afectado, señala que se necesitan definir funciones claras a la Guardia Nacional y pide un balance entre el derecho de la víctima y el imputado más favorecido por la norma actual.
Perfila el concepto de industria penitenciaria para el trabajo productivo en reclusión, y de cárceles abiertas, para quienes están presos por primera vez por delitos de hasta tres años de sanción.
La propuesta de Gertz Manero fue entregada al Senado en su visita del pasado 15 de enero, cuando ya circulaban versiones filtradas de una reforma judicial penal.
Sus iniciativas forman parte de su informe anual de actividades, y expresan una visión en la que son primordiales la reparación del daño y la protección de las víctimas u ofendidos. Plantea que no acabe la sanción que purga un adolescente al momento en que adquiera la mayoría de edad.
El documento se trianguló primero a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual lo turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
De nueve proyectos legislativos que formarían parte de la reforma de justicia penal, en seis puntos hay propuestas del titular de la FGR, cargo sin facultades para presentar iniciativas al Congreso de la Unión, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.
En su informe, Gertz Manero formuló señalamientos para las leyes nacionales de Cultura y Justicia Cívica, de Ejecución Penal, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como para los códigos Penal y de Procedimientos en la materia.
También refirió algunas fallas a corregir en la Ley de la Fiscalía General de la República.
En el documento, señaló que a la fecha, la dependencia ha realizado “un esfuerzo sostenido para diagnosticar la situación que guardaba la extinta Procuraduría General de la república (PGR), una tarea indispensable para advertir los vicios, las dinámicas anquilosadas, la corrupción, las malas prácticas y la falta de transparencia que dañaron durante décadas la eficacia y eficiencia de la institución”.
En su diagnóstico de la PGR, cada unidad podía recibir los casos “que quería o le convenía, sin ningún orden, verificación”, por lo que se detectó “una grave escasez de calidad y resultados” en las áreas de atención a la ciudadanía.
Estableció que transcurre una etapa de transformación de la institución y se diseña una fiscalía autónoma, “al servicio de la sociedad y no del poder público”.
Reportó que el fenómeno criminal rompió con el orden sistémico del país, “existiendo una rotura de equilibrios en el poder público del país, por lo que la delincuencia fue ganando espacios al margen de la ley”.
Por tanto, afirmó, es necesario que el Estado recupere el control de estos espacios en defensa de la ciudadanía, para restablecer el Estado de derecho.
Por ello, afirmó, urge impulsar una política criminal de Estado homologada en los tres órdenes de gobierno, sin que se dejen de lado las problemáticas locales.
Llamó como “verdadera reforma al sistema de prevención y persecución del delito”, a los proyectos que propone al Congreso.
Cambios
De la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, Gertz Manero indicó que es un marco legal previo a la justicia penal, a fin de “atender la crisis social de seguridad”, y su alcance estaría en resolver los conflictos comunitarios básicos, y sería útil como instrumento inhibidor” de conductas privativas de la libertad.
En esta ley se prevé que el Estado asuma un mecanismo de reparación del daño subsidiario y solidario, hasta por 180 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Su propuesta incluye “subrogarle al Estado el cobro al ofensor mientras se financia este apoyo con parte de los recursos que se obtienen de aseguramientos al crimen organizado”.
Sobre el Código Penal Nacional, Gertz Manero expuso que permitiría priorizar, fortalecer y darle inmediatez al procedimiento de reparación del daño en favor de la víctima y del ofendido.
En esta norma se podrá “compactar realmente el procedimiento acusatorio y oral, estableciendo todos los elementos legales necesarios para una verdadera justicia pronta y expedita”.
Otro de los objetivos del código es acotar la prescripción de los delitos que más ofenden a la sociedad, al gobierno y al Estado.
Al proponer el Código Nacional de Procedimientos Penales, el titular de la FGR resaltó que la impartición de justicia “se ha descalificado por la ineficiencia, el atraso y la venalidad de los sistemas y procedimientos de investigación criminal a cargo del Ministerio Público y la policía a su mando”.
Reiteró que debe continuar la consolidación del sistema procesal penal acusatorio; para ello, precisó, son necesarios ajustes que simplifiquen el procedimiento y “se supriman figuras jurídicas que han hecho que el mismo se vuelva complejo, ineficiente y corrupto”.
Pidió reforzar la actuación del Ministerio Público y de sus auxiliares, así como la obligación de colaboración de las autoridades correspondientes.
A ello, el fiscal General añadió que se debe hacer más activo el rol del órgano jurisdiccional, respecto a la aplicación de las medidas cautelares, las cuales tienen que ser dictadas a través de la práctica de un estudio pormenorizado que justifiquen su aplicación; además, deberán contar con la opinión del Ministerio Público y la víctima, eliminando la “puerta giratoria”.
En la Ley Nacional de Ejecución Penal, planteó al trabajo como clave para reintegrar a un preso. Agregó que los centros deben contar con los medios para generar la industria penitenciaria.
Esto permitirá al infractor de la norma “efectuar la reparación del daño, incrementar sus conocimientos y generarle ingresos”.
El concepto “cárceles abiertas” sería aplicable a delincuentes primerizos que no hayan cometido violencia y sus sentencias sean por un máximo de tres años.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes debe garantizar el debido proceso; generar la plena conciencia de los actos cometidos; verificar si el menor tiene algún trastorno mental; atender los casos de adicción a drogas y establecer que la sanción no se extinguirá al cumplir la mayoría de edad.
De la norma para la FGR, su titular perfiló que se busca una reorganización que genere eficiencia. Estableció un régimen de obligaciones para el Ministerio Público de la federación, Policía Federal Ministerial, así como para peritos, analistas y facilitadores.
