La Fiscalía General de la República (FGR) apelará el fallo que “ofende al derecho” e iniciará una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia contra el juez de control del Reclusorio Sur, Gustavo Aquiles Villaseñor, quien exoneró al exjefe de la Oficina de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ramón Sosamontes Herreramoro, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
En audiencia celebrada el miércoles, Aquiles Villaseñor determinó no vincular a proceso al excolaborador de Rosario Robles Berlanga, por la presunta firma de un contrato ilegal por 203 millones de pesos con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”, ya que no le es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo manifestó la FGR.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor señaló que la FGR hizo referencia que el hecho que se “atribuye al imputado se encuentra previsto y sancionado en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público”.
Sin embargo, dijo, no es “aplicable al caso en concreto” de Sosamontes Herreramoro , ya que la contratación que se le atribuyó por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, “se realizó con un ente público descentralizado, estableciendo dicho ordenamiento que en ese supuesto no se estará dentro del ámbito de aplicación de esta ley, por lo tanto no refiere la fiscalía en que ley se establece lo indebido”.
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De esta manera, el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, estableció que los contratos que suscribió Ramón Sosamontes con Radio y Televisión de Hidalgo son legítimos, al haberse llevado entre una dependencia de la Administración Pública Federal (Sedesol) con un Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal (Radio y Televisión de Hidalgo RTH).
No obstante, la FGR consideró que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí le era aplicable al exfuncionario en el procedimiento de contratación de servicios, ya que Radio y Televisión de Hidalgo “RTH” no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Aseguró que también le comunicó al juez su preocupación respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraria a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados.
“A todo ello, no hubo una respuesta fundada y motivada del juez, de conformidad con el criterio de esta Representación Social, manifestando únicamente al término de la audiencia, que ojalá y pronto la superioridad y los Magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”.
Por lo que, informó que dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, apelará el fallo e iniciará de inmediato una carpeta de investigación contra el juez Gustavo Aquiles Villaseñor , ante su resolución que “ofende el derecho”.
Bajo la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-HGO/0002248/2017, la FGR ejerció acción penal contra Ramón Sosamontes, por un presunto convenio ilegal de 203 millones de pesos, entre la extinta Secretaría de Desarrollo Social y el sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
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