La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar ante la juez Angélica del Carmen Ortuño Suárez, la necesidad de mantener en prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, pues en la audiencia de revisión de medida cautelar únicamente señaló que no tenía bienes inmuebles en Quintana Roo y presentó un informe administrativo sobre el riesgo procesal.
En consecuencia, la juzgadora consideró insuficientes los elementos de la FGR y retiró la prisión justificada al exmandatario en cumplimiento a una sentencia de amparo.
El año pasado Marín Torres tramitó una demanda de amparo contra la resolución de la juez de Distrito que le negó modificarle la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, ordenando su continuación de manera justificada, con vigencia de un año.
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Desahogado el juicio, el juez de amparo dictó sentencia en la que concedió a Mario Marín la protección de la justicia federal, para el efecto de que la juez de la causa Angélica del Carmen Ortuño Suárez emitiera una nueva resolución en la que analizara la subsistencia de la medida de prisión preventiva que se le había impuesto, al ya haber transcurrido el plazo de dos años que como máximo prevé la Constitución y precisó que como se trataba de una medida restrictiva de la libertad, la Ley de Amparo dispone que su cumplimiento debe ser inmediato.
En cumplimiento a la sentencia de amparo, la juez Ortuño Suárez llevó a cabo la audiencia el sábado pasado en la que determinó quitarle la prisión preventiva al exgobernador de Puebla, al considerar que con los elementos de prueba aportados por la FGR no se acreditaba la necesidad de mantenerlo preso, por las razones expuestas anteriormente.
De esta manera, Mario Marín Torres llevará su proceso en prisión domiciliaria y para evitar que se evada de la justicia se le impuso el uso de brazalete electrónico, vigilancia permanente en su domicilio en Puebla, prohibición de salir de esa entidad federativa y del país, exhibición de garantía económica por cien mil pesos y prohibición de acercarse a la víctima.
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Medidas con las que la jueza consideró se garantizaba que Marín Torres enfrente su proceso penal.
Se espera que en las próximas horas, el político expriísta abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Cabe destacar que la Fiscalía General de la República puede interponer ante un Tribunal de Apelación un recurso de revisión contra esta sentencia.
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