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La carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos relacionado con el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz, en su modalidad de versión pública, que obra en la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser público, determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Así lo resolvió el órgano garante, luego de que un solicitante interpusiera un recurso de revisión en el cual manifestó que la Ley dispone que no podrá clasificarse aquella información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, siendo que el asesinato de la reportera es un atentado contra la libertad de expresión y es de gran relevancia la actuación de las autoridades en este país.
Y la FGR reservó la información bajo el argumento de que la averiguación previa requerida es una investigación abierta y dar a conocer lo solicitado haría pública la información que se recopila en la investigación que llevan a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación, para acreditar el delito, la probable responsabilidad de el o los indiciados y la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos; por lo tanto, existe riesgo de quebrantar la seguridad de las víctimas y el pleno ejercicio de sus derechos.
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El caso fue presentado ante el Pleno por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien precisó que el acceso a la información solicitada permitirá conocer las acciones implementadas por la autoridad ministerial en torno al asesinato de una periodista.
“Es un asunto considerado de violación a los derechos humanos y es un asunto público relevante para que México y el mundo conozcan el estado que guarda el asesinato de una periodista en un país en donde hay cientos de periodistas asesinados y que, hasta el día de hoy, por desgracia, como todos los demás casos, me atrevo a decirlo, permanecen inaclarados”, puntualizó.
El Instituto llevó a cabo una prueba de interés público, ponderando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de dar a conocer la información solicitada, en este caso en concreto.
La ponencia de Acuña Llamas refirió que es fundamental garantizar el derecho de acceso a la información, puesto que es una necesidad de la colectividad, conocer de las actuaciones y desempeño de servidores públicos sobre esta problemática social de violencia contra periodistas.
Advirtió que el ejercicio del derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier persona conozca las acciones que la autoridad investigadora ha desarrollado a efecto de cumplir con su deber. Y respecto a la proporcionalidad, la ponencia determinó que se genera un mayor beneficio a la sociedad al publicitar la información requerida, que al resguardarla.
Por lo cual el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó entregar versión pública de la carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos, así como cualquier otro documento relacionado con el caso.
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rdmd
