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Un Tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) devolver dos residencias y 14 vehículos, entre ellos un Lamborghini Aventador y un Porsche, asegurados al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera “El Mencho”, en noviembre de 2021 en Zapopan, Jalisco.
Al resolver un recurso de revisión, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que la FGR incautó los inmuebles y vehículos sin contar con previa autorización del juez de control correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el aseguramiento sí afectaba derechos fundamentales.
Mediante acuerdo del 23 de noviembre de 2021, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aseguró las dos residencias y los automóviles, como parte de la investigación que inició por el secuestro en Zapopan de dos marinos, en represalia por la detención de González Valencia.
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Inconformes con la determinación, los propietarios interpusieron un juicio de amparo que les fue negado por un juez de la materia, que consideró que no se les violaron sus derechos fundamentales.
Ante ello, los quejosos recurrieron al Primer Tribunal Colegiado que dejó insubsistente el aseguramiento de los inmuebles y de los vehículos realizado por la FEMDO, debido a que antes de realizar “actos de investigación que tengan como finalidad el aseguramiento del inmueble citado y los automotores, la autoridad ministerial responsable deberá solicitar autorización al Juez de Control correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Según investigaciones de la FGR, los dos inmuebles asegurados eran utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación como casas de seguridad y uno de ellos estaba a nombre de Laisha Oseguera González, hija del líder del CJNG.
“Son casas de seguridad de la organización criminal denominada Cártel Jalisco Nueva Generación, las cuales son utilizadas para la comisión de hechos ilícitos de privación ilegal de la libertad, tanto por personas civiles ajenas a las organizaciones, así como de personas pertenecientes a organizaciones criminales diversas”. se indicó.
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