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Aun cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó la presentación de 513 denuncias por corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente ha recibido 363.
EL UNIVERSAL dio a conocer que de las más de 500 denuncias que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, refirió durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados el 27 de octubre, no existe información sobre su estado.
Al respecto, la FGR precisó a esta casa editorial que sólo ha recibido 363 denuncias, de las cuales 266, es decir, 73%, fueron radicadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Mediante una carta enviada a El Gran Diario de México, la FGR detalló que 39 denuncias de la SFP fueron presentadas ante la Subprocuraduría de Control Regional, en diversos estados del país; “otras 31 se encuentran radicadas en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; 17 más, en la Unidad del Sistema Penal Acusatorio (UISPPA) relacionadas con temas del ISSSTE y 10 denuncias en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra Mujeres y Trata de Personas”, con lo que la FGR confirmó que hasta el momento ninguna denuncia de la SFP ha sido judicializada.
La fiscalía explicó que esto puede ocurrir porque cuando alguien presenta una denuncia ante el Ministerio Público los hechos deben ser investigados para verificar si son ciertos o que la persona denunciada sea responsable o que el denunciante presentó todas las pruebas idóneas y lícitas.
Con base en estos elementos, la FGR, a través de las distintas áreas en las que se radican las denuncias, analiza si proceden o no.
“En cada caso particular se debe establecer la procedibilidad de la denuncia, la responsabilidad penal y las pruebas que la acreditan, para lo cual es necesario trabajar en forma coordinada con el denunciante [en este caso, la SFP], para integrar todos los elementos necesarios para el ejercicio de la acción penal”, precisó la FGR.
Documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso vía transparencia señalan que hasta el 17 de junio de 2020 la SFP había presentado 388 denuncias por actos de corrupción, de las cuales 296 fueron entre abril y mayo contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Estas denuncias fueron presentadas por delitos como cohecho, peculado, usurpación de profesiones, contrataciones simuladas, ejercicio ilícito del servicio público, robo de medicamentos, tráfico de influencias, facturaciones falsas, entre otras.
Según los datos de la SFP y ahora de la FGR, ninguna de las denuncias ha sido consignada ante un juez federal debido a que aún están en etapa de integración de la carpeta de investigación.
“Si existe alguna queja por parte de la SFP en el desempeño de algún agente del Ministerio Público o de algún funcionario específico, de inmediato cumpliremos con el deber de informar con transparencia”, añadió la fiscalía.
