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Lentas y tortuosas, así son las investigaciones sobre feminicidio en México. Cuando una mujer es asesinada en el país, el dolor para su familia es doble: se enfrentan a la muerte de su ser querida y después, cuando buscan que se castigue al responsable de los hechos, se topan con procesos judiciales interminables que hacen ver a la justicia como un lujo.
Los registros de juicios por feminicidio abiertos en 17 estados de la República —a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia— revelan que hay procesos penales que han durado siete años sin que hasta el pasado mes de diciembre hubiera una sentencia contra los supuestos agresores.
Esto pasa con frecuencia en Tabasco, por ejemplo, donde el Poder Judicial tiene registrados tres juicios que iniciaron desde 2012, pero hasta finales de 2019 no había algún castigado.
Los registros de Tabasco también indican que desde que se tipificó el delito en el estado, sólo 16 juicios han concluido con sentencia condenatoria.
Especialistas consultados indican que la demora de las autoridades para resolver feminicidios se debe a la falta de perspectiva de género con la que trabajan, así como a la deficiencia de sus investigaciones.
De acuerdo con los expertos, la clave para acabar con la impunidad en estos crímenes no es suplir el delito de feminicidio con un homicidio agravado, como lo propuso Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, sino que se debe fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público y sensibilizar a los jueces.
La información que obtuvo esta casa editorial mediante solicitudes de información realizadas a todos los poderes judiciales estatales del país también coloca a Chiapas, Colima, Oaxaca y Guanajuato en la lista de estados que se tardaron más en resolver juicios por feminicidio o que siguen pendientes.
Hasta diciembre del año pasado, en Oaxaca había 20 juicios no concluidos que fueron abiertos entre 2013 y 2015, mientras que otros cuatro casos tuvieron que esperar hasta cinco años para obtener sentencia condenatoria.
Ven problema en investigaciones
Fuentes consultadas enumeran algunos aspectos que alentan las investigaciones por feminicidio: la falta de recolección de pruebas por parte del Ministerio Público, los prejuicios contra las mujeres, los recursos legales que interponen los defensores de los acusados y la falta de apoyo institucional a la familia de las víctimas.
Carlos Olvera, auxiliar jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), recuerda los comentarios del fiscal General Gertz Manero respecto a la dificultad de comprobar el delito de feminicidio, y señala: “El obstáculo es que los ministerios no tienen una debida diligencia en sus investigaciones (...) desde un inicio; si no fuera así, se tendrían todas las pruebas para poder vincular a la persona que cometió el delito”.
Agrega que estas irregularidades entorpecen la investigación inicial y se deben repetir los procedimientos. Sin embargo, cuando el caso ya es judicializado, aparecen otras trabas, como los amparos y apelaciones que constantemente interponen los acusados.
Ximena Antillón, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, hace énfasis en que los juicios de este tipo pueden aletargarse porque incluso cuando una mujer ya fue asesinada sigue siendo juzgada por autoridades.
“Las víctimas vuelven a vivir violencia de género en las instituciones encargadas de investigar, porque los funcionarios siguen trabajando con estereotipos de género y culpan a la víctima: la vuelven a estigmatizar porque ‘no cumplía’ con los roles de género que se esperaban de ella”, asegura.
Expresa que uno de los medios por los cuales se juzga a una mujer es la necropsia sicológica: “La necropsia es un seudoexamen sicológico a la víctima, y ahí determinan que la mujer padecía trastornos de personalidad y depresión, por lo cual se ‘suicidó’”.
El pasado 4 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que señaló que para acreditar el feminicidio se necesitan siete circunstancias “que complican inútilmente su judicialización”; no obstante, los especialistas explican que los ministerios públicos no deben acreditar todos los rasgos para que el asesinato violento de una mujer se juzgue con perspectiva de género, sino que basta sólo uno.
“Es muy lamentable que el fiscal Gertz Manero haga esta propuesta regresiva [sustituir el feminicidio por un agravante de homicidio], [porque] justamente lo que el movimiento feminista y de víctimas logró es que los funcionarios no vean estas muertes de manera aislada, sino en un contexto de desigualdad, discriminación y violencia de género”, expresó.
Procedimiento abreviado podría ser una vía de escape
Desde 2016, los juicios por feminicidio se han agilizado en algunos estados; en Nuevo León, por ejemplo, estos procesos han tardado entre siete meses y dos años para que haya una sentencia.
Carlos Olvera, del OCNF, explica que algunas entidades del país han aplicado el procedimiento abreviado en casos de feminicidio; por medio de esta vía, el responsable del crimen admite su culpabilidad y agiliza la emisión de una sentencia, además de que los familiares de la víctima podrían acceder a una reparación integral del daño por parte de instituciones del Estado.
