Las víctimas de feminicidio en el país sumaron en agosto pasado 107, la cifra más alta desde que en 2015 se comenzó a registrar este delito del fuero común en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han presentado los meses más violentos en asesinatos de mujeres por razones de género: diciembre de 2018, con 100 víctimas; mayo de 2021, 101; agosto de 2021, 107. “Este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019”, así justifica el alza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De julio a agosto, los feminicidios se incrementaron en 57.3% al pasar de 68 a 107, según los registros que los 32 estados de la República reportan mensualmente al SESNSP. Si se compara enero- agosto de 2021 con el mismo periodo de 2020, el aumento en este delito es de 8%.
De acuerdo con las estadísticas, en 10 estados se disparó el feminicidio en los primeros ocho meses de 2021 en comparación con enero-agosto de 2020. En Jalisco se incremento 36%; Veracruz, 9.8; Chiapas, 112%; Chihuahua, 52%; Sinaloa, 94%; Sonora, 107%; Oaxaca, 20%; Guanajuato, 116%; Querétaro, 375%, y Michoacán, 30.7%.
Los estados con más feminicidios por cada 100 mil habitantes son Morelos, con 1.1 casos; Sinaloa, 1.0; Chihuahua, 0.85; Oaxaca, 0.75; Veracruz, 0.65; Jalisco, 0.6; Ciudad de México, 0.6; Chiapas, 0.6: Estado de México, 0.5; Guanajuato, 0.43
Al presentar el informe mensual sobre incidencia delictiva, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que el feminicidio se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019.
El Estado de México, Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora se mantienen como las entidades con más asesinatos de mujeres.
A nivel municipal, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ocupa el primer lugar, seguido de Tlajomulco, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, e Irapuato, Guanajuato.
Hace unos días, Amnistía Internacional acusó que las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que lleva a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. En un informe señaló que esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes.
En su informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, presentado el lunes pasado, estableció que la violencia feminicida y las deficiencias en las pesquisas y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.
“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, señaló la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.
