En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas instaron al Estado Mexicano, en especial al gobierno entrante que será encabezado por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, a priorizar la identificación de los cuerpos hallados que son enviados a fosas comunes.
Este llamado surge en un contexto de crisis forense, según lo destacaron familiares de víctimas de desaparecidos durante el conversatorio “Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México”, donde narraron experiencias de las diferentes prácticas institucionales, con especiales demandas de irregularidades y negligencias que han afectado los procesos de identificación y justicia.
En el evento organizado por asociaciones civiles como Artículo 19, y Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) participaron familias de Chihuahua, Morelos, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, y contó con la participación de expertos como la antropóloga forense colombiana Helka Alejandra Quevedo Hidalgo.
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La discusión destacó la necesidad de un enfoque integral y científico para abordar la crisis de personas desaparecidas, que incluye más de 52 mil cuerpos sin identificar y más de 116 mil personas desaparecidas en el país.
Las organizaciones participantes, entre las que se encuentran colectivos de búsqueda, emitieron una serie de exigencias específicas a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en septiembre. Entre las demandas destacan:
Priorizar la identificación de cuerpos que posteriormente son exhumados o enviados a fosas comunes, la creación de un Plan Nacional de Búsqueda Integral, con la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hecha en consulta con las familias, y el reconocimiento y atención de la crisis forense con un Plan Nacional de Exhumaciones y medidas de prevención de desapariciones.
Además, las y los activistas exigieron el establecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), para consolidar bases de datos genéticas y softwares compatibles.
También exigieron promover una colaboración interinstitucional efectiva en el proceso de búsqueda, identificación y restitución digna, así como la asignación de recursos adecuados para la contratación de personal especializado en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, como para planes de prevención de desapariciones.
Los integrantes de los diferentes colectivos de búsqueda también pidieron garantizar la seguridad de los buscadores y el acceso a la información necesaria para enfrentar la crisis de derechos humanos.
Estas demandas se hicieron escuchar después de dos días de exposición por parte de los diferentes estados, en los que compartieron sus experiencias de búsqueda e identificación como parte de la exhumación como una ruta de búsqueda.
Uno de los casos más destacados fue Coahuila, que actualmente cuenta con la Ley para la identificación, recuperación e identificación forense, única en el país.
Además, los familiares buscadores recalcaron su insistencia en que las autoridades “hagan su trabajo”, pues expusieron problemáticas como la re victimización o el entorpecimiento de los protocolos de búsqueda.
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