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El 20 septiembre de 2023 fue su último encuentro en Palacio Nacional. A partir de esa fecha comenzó el distanciamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada.
Los familiares y los estudiantes exigen al gobierno restablecer el diálogo y que el Ejército entregue archivos que consideran clave para el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los jóvenes fueron entregados a grupos criminales en una acción donde participaron elementos del Estado mexicano.
Los tropiezos comenzaron en agosto del año pasado, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargados de investigar la desaparición de los normalistas, presentó su último reporte en el que confirma que se trató de un crimen de Estado.
El GIEI señaló a las Fuerzas Armadas de haber interferido para frenar sus investigaciones y por ese motivo dieron por concluida su participación en el caso.
Esto se sumó a la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación Alejandro Encinas, también presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (COVAJ) el 18 de octubre de ese año.
Encinas y la COVAJ enfrentaron los reclamos de los padres de estudiantes desaparecidos, pues señalaron que el gobierno federal protegía a los integrantes de las Fuerzas Armadas implicadas en el caso.
Una semana antes de la renuncia de Encinas, el presidente López Obrador informó que asumía la conducción de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.
De ahí el presidente López Obrador ha señalado que hubo una “rebelión” en el interior de la FGR y se describió que el fiscal especial de Ayotzinapa Omar Gómez Trejo y los de derechos humanos no querían que se actuara en contra del procurador Jesús Murillo Karam porque “tenían acuerdos”.
El Primer Mandatario también ha reprochado la participación de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro por abogar en favor en la liberación de detenidos que alegaron tortura, pero se tiene conocimiento de que participaron en la desaparición.
La ruptura se ahondó luego de que en enero pasado a ocho militares vinculados con la desaparición de los jóvenes, presos en el Campo Militar Número Uno, fueron liberados por un juez para que puedan seguir el proceso en libertad.
