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Iguala, Gro.— Como cada 27 de septiembre de los últimos siete años, los padres y madres volvieron al lugar donde se consumó una de las tragedias más profundas del país, el asesinato de tres y la desaparición de otros 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Ayer, con el sol encima, los familiares de los 43 desaparecidos recordaron esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Eran casi las dos de la tarde cuando llegaron en más de 20 autobuses acompañados por estudiantes e integrantes de organizaciones sociales. La marcha comenzó y tomó rumbo al primer punto: Ciudad Industrial.
En esa colonia, la madrugada del 27 de septiembre de 2014 el horror de la noche anterior comenzó a materializarse: ahí apareció el cuerpo del normalista Julio César Mondragón. Estaba sin rostro, torturado y golpeado.
Ahí, el contingente, encabezado por los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de contingentes de otras normales rurales y organizaciones sociales hicieron una ofrenda, un rezo y exigieron justicia por Julio César.
La marcha tomó su cauce de nuevo, salió a Periférico rumbo a otro lugar que marcó esa noche: la esquina de la avenida Álvarez y Periférico Norte, donde policías de Iguala asesinaron a Julio César Nava y Daniel Solís, e hirieron a Édgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, un joven que lleva siete años en coma. Los familiares colocaron una ofrenda, rezaron y pidieron justicia por Julio César y Daniel Solís.
Como los seis años anteriores, esta marcha fue de protesta, de exigencia: ¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? Pero a esa pregunta, hasta ahora no habido respuesta, por lo menos no de Estado.
En estos siete años ya son dos gobierno los que investigan qué pasó. Primero fue el del priista Enrique Peña Nieto y ahora el del morenista Andrés Manuel López Obrador, que tampoco ha dado respuesta.
Ese fue el reclamo: que las investigaciones, búsquedas, detenciones y diligencias del gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) se intensifiquen.
Los padres y madres han insistido, sin resultados, en un punto: que se investigue y se castigue la posible participación de militares en los ataques de esa noche.
Estos siete años para los parientes han sido intensos, duros, de mucha frustración, cansancio y enfermedad. En algunos casos se nota cómo en estos años los padecimientos han hecho efecto, se miran más delgados, demacrados.
Pero otros, por lo menos tres, no llegaron a esta marcha porque murieron. La primera fue Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, de cáncer, en febrero de 2018. Este año, el Covid-19 provocó el deceso de otros. En agosto, Saúl Bruno Bello, padre de Saúl Bruno García, falleció en el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica y apenas hace unos días, el 3 de septiembre, murió Bernardo Campos Santos, padre de José Ángel Campos Canto.
Así fue la marcha de los siete años, con nuevas ausencias y con pocas respuestas.
