Barrett Firearms Manufacturing Inc y Colt’s Manufacturing Company, dos de las 11 compañías que el gobierno de México demandó ante una corte federal de Estados Unidos, por prácticas negligentes de negocio que impactan en la violencia en territorio mexicano, buscan vender al Ejército 66 ametralladoras y fusiles de alto poder y precisión.
Dichos fabricantes estadounidenses de armamento participan en la licitación pública internacional especial con número LA-007000999-E622-2021, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó en julio —antes de que Relaciones Exteriores (SRE) las demandara— para adquirir 33 fusiles automáticos calibre 5.56 milímetros, nueve escopetas semiautomáticas calibre 12 GA, nueve fusiles de precisión calibre 0.50, tres ametralladoras calibre 0.50 para apoyo terrestre, tres ametralladoras calibre 0.50 para apoyo aéreo, seis fusiles de precisión calibre 0.308, y tres ametralladoras con cañón múltiple calibre 7.62 milímetros.
En la convocatoria, cuyo fallo se dará a conocer el 16 de agosto, concursan también las empresas Aeromundo Ejecutivo, S.A. de C.V., Amerimex Incorporated, Dillion Aéreo Inc, Industrias Tecnos, S.A. de C.V. y FN Herstal, S.A.
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En la junta de aclaraciones, la empresa Colt’s Manufacturing Company, LLC realizó tres preguntas, entre ellas, si los tres fusiles que la licitación señalaba como “cal. 5.56 mm” correspondían a los de calibre 5.56 x45 OTAN, a lo que la Sedena respondió que es correcto, porque dichas piezas deberán disparar municiones calibre 5.56x44 mm.
La dependencia encabezada por el general Luis Cresencio Sandoval González aseguró en la convocatoria que cuenta con disponibilidad presupuestaria para la compra del armamento y que los recursos saldrán del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
Sin embargo, advirtió a las siete empresas participantes que el “contrato que se derive de la licitación estará sujeto a la disponibilidad de fondos, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de recursos respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes”.
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Indicó que el pago por las 66 armas largas se realizará en moneda nacional, si el proveedor es nacional y el origen de las piezas también es nacional, y si el bien es extranjero el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Requirió a la SHCP un presupuesto de 24 millones 186 mil 399 pesos, para invertirlos en la investigación y desarrollo del prototipo de fusil calibre 0.50, durante la mitad de 2019 y todo 2020, para entregarlo a 81 unidades del Ejército mexicano que realizan patrullajes y recorridos de vigilancia en los estados norteños de Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, los cuales son afectados por la delincuencia organizada.
La empresa Barrett Firearms Manufacturing Inc fabrica y vende fusiles Barrett en diferentes modelos, que están entre los más utilizados por la delincuencia organizada mexicana, además de ametralladoras Browning M2, calibre .50 y fusiles automáticos de las clases AR-15 y AK-47.
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Durante los primeros seis meses de este año, las fuerzas de seguridad mexicanas decomisaron 28 mil 456 armas de fuego, la mayoría en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, León, Guadalajara, Reynosa, Querétaro, Nuevo Laredo, Mexicali y Culiacán, así como Celaya.
Los estados afectados por el tráfico ilícito de armas procedentes de Estados Unidos son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Zacatecas, donde se registran enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada por el control territorial, según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El año pasado, la Sedena puso en marcha ocho proyectos para adquirir armamento y tecnología terrestre y aérea, entre los que destacan la creación de un radar aéreo 3D, la fabricación de una familia de municiones con capacidad para derribar drones y el diseño de un sistema antiemboscadas, con el objetivo de incrementar la seguridad física de su personal y eficientar las operaciones en el territorio nacional.
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