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A 26 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocho de cada 10 indígenas se encuentran en situación de pobreza. Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, que representaron el primer intento de diálogo entre el Estado mexicano y los pueblos originarios y buscaron dar solución al conflicto armado que estalló el 1 de enero de 1994, quedaron en papel, pues no se ha garantizado la autonomía ni se han atendido las demandas de igualdad.
“El objetivo establecido en la Constitución: igualar las oportunidades de todos los mexicanos, aún es un reto pendiente”, reconoce el gobierno federal a través del Informe de Evaluación de la Política Social 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La situación es tal, advierte el reporte, que 3.2 millones de indígenas se encuentran en pobreza extrema; es decir, cuatro de cada 10 de los 8.3 millones de personas de ese sector en México no tienen recursos suficientes para alimentar a sus familias. Son ellos los que más dificultades y obstáculos tienen para ejercer sus derechos.
Francisco López Bárcenas, abogado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista del Colegio de San Luis y exintegrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), comenta que, a pesar de que con el levantamiento zapatista se logró por primera vez un diálogo con el Estado, no se ha superado la visión que impera desde la Colonia: que las decisiones en torno a los territorios y los pueblos indígenas se tomen sin tomarlos en cuenta.
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La causa principal que motivó el levantamiento de 1994 no se ha resuelto: “El EZLN mantiene una vigencia muy actual, tanto como en 1994. Lo ha logrado porque la causa central que motivó el levantamiento, aunque no la única, ha sido el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
“Nunca en la historia de México, hasta 1995, se había reconocido que jurídicamente existen pueblos y derechos colectivos que sólo le pertenecen a ellos. Sin embargo, hasta la fecha, los Acuerdos de San Andrés siguen sin cumplirse. Los derechos de los pueblos indígenas siguen sin reconocerse”, explica López Bárcenas.
El senador José Narro Céspedes, expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, conformada de manera bicamaral en el Senado y en la Cámara Baja para mediar entre el gobierno federal y el EZLN, coincidió en que uno de los grandes triunfos del movimiento zapatista fue lograr que por primera vez el tema se pusiera en la discusión nacional e internacional.
“[Vicente] Fox no cumplió su compromiso de que en 15 minutos se iba a lograr la paz y se iban a cumplir los acuerdos. No se reconocieron a los territorios ni a su autonomía [ni que] los pueblos indígenas fueran sujetos de interés público con reconocimiento. No se cumplieron los acuerdos, y algunos de ellos fueron rebasados en la legislación internacional”, dice el legislador.
“El tema de fondo es no reconocer a los pueblos indígenas ni sus derechos, es dejarlos en estado de indefensión y vulnerabilidad ante las empresas y las grandes mineras. Actualmente no están reflejados correctamente en la agenda del Presidente. Hay que colocarlos ahí”, asegura.
Objetivo truncado
Mañana se cumplen 26 años desde que el pasado 1 de enero de 1994 el EZLN se levantó en armas contra el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Cuando esa madrugada entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, hombres armados con los rostros cubiertos y vestidos con sencillos uniformes tomaron San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y otras cabeceras municipales de Chiapas.
En la primera Declaración de la Selva Lacandona, el ejército zapatista inició la guerra contra el mal gobierno.
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“Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años (…) [Contra] el pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático”, señala el documento.
El gobierno federal respondió con un despliegue militar de 3 mil soldados, quienes dispararon contra el ejército indígena. Acusó al EZLN de buscar desestabilizar a Salinas de Gortari, de no tener raíces indígenas y de estar motivado por intereses extranjeros.
Después de 12 días, el Ejército recuperó el territorio tomado por los zapatistas, pero la atención internacional ya se había colocado sobre Chiapas y su levantamiento armado.
Con la llegada de Ernesto Zedillo a la Presidencia, inició un largo proceso de negociación y de construcción de acuerdos a través de encuentros, como el diálogo en la catedral de San Cristóbal de las Casas, la celebración de la Convención Nacional en Aguascalientes y otras acciones.
El EZLN, que ya contaba con el respaldo de organizaciones sociales nacionales e internacionales, logró colocar a la problemática indígena en el centro del debate y la cobertura mediática en el mundo.
El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larraínzar como producto de una amplia negociación entre el gobierno federal y los zapatistas. Estos contenían una serie de compromisos entre las partes, pero, por su propia naturaleza, no eran reclamables ni exigibles por las vías jurídicas tradicionales.
Nada cambia
Casi un cuarto de siglo después de que el EZLN advirtiera sobre la guerra genocida declarada contra los pueblos indígenas, el Coneval reporta que 8.3 millones se encontraban en situación de pobreza, es decir, 71.9% del total de esa población.
Al hacer una comparación, se puede observar la brecha entre ser indígena y no, pues del sector no indígena, 40.6% se encuentra en situación de pobreza.
Seis estados concentran 64.8% de la población indígena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán.
“Las condiciones de carencia social y ausencia de bienestar económico que caracterizan a los grupos discriminados se agudizan para el caso de la población indígena o hablantes de lengua indígena. Del conjunto de la población en pobreza o vulnerada, la indígena es la que mayores obstáculos y dificultades enfrenta”, señala.
En 1995, Raúl Vera fue nombrado obispo coadjunto de la Diócesis de San Cristóbal, junto a Samuel Ruiz, obispo de ese territorio. Participó en el diálogo con el gobierno de Ernesto Zedillo y en el proceso para el restablecimiento de la paz.
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Comparte con EL UNIVERSAL en entrevista desde Saltillo que han sido los intereses comerciales expresados en el TLCAN los que han impedido dar el reconocimiento pleno como sujetos de derechos a los pueblos indígenas y cumplir con lo acordado en San Andrés. A la fecha, los acuerdos “jamás se introdujeron en la Constitución, nunca se firmó un tratado de paz. La vigencia del acuerdo era que entraran a la Carta Magna, pero no querían reconocer a estos municipios”.
Esto no sucedió ni con la publicación, el 14 de agosto de 2001, de la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, la cual se realizó en el gobierno de Vicente Fox. “Fue un mugrero, un estúpido programa de Sedesol, no era otra cosa”, lamenta el obispo.
El tema va más allá de la cultura, explican los especialistas. Reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, con poder de decisión sobre el agua y las tierras que ocupan desde hace más de 500 años, afectaría primero que nada a los intereses económicos pactados en los acuerdos comerciales con otras naciones.
“Ya estaba hecho el Tratado de Libre Comercio [de América del Norte]. Al modelo de economía neoliberal se han sometido abiertamente nuestros gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta [Enrique] Peña Nieto.
“La razón por la que no se les iba a conceder a los pueblos indígenas derechos sobre el agua y el territorio, es que ya estaba pactado que se les daría el agua, la energía, todo lo que se les antoje a las mineras, [así como] lo que han puesto en las modificaciones estructurales en la Constitución”, dice.
Hoy nuevamente el EZLN ha externado abiertamente su postura contra uno de los proyectos más importantes de una administración federal. Se trata de la construcción del Tren Maya, del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho: “Va porque va, llueva, truene o relampaguee”.
El EZLN, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno acusaron que hubo una simulación en la consulta promovida por el gobierno federal entre los pueblos originarios para “imponer el Tren Maya, el cual entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico”.
“El Proyecto Integral Morelos y los megaproyectos de muerte reconfiguran el país para dejarlo a disposición del capital multinacional, principalmente imponiendo el poderío terrorista de los Estados Unidos”.
A pesar de que nunca se cumplieron los Acuerdos de San Andrés, para Francisco Bárcenas, una de las mayores aportaciones del EZLN fue sentar las bases para movimientos sociales de gran importancia como el Congreso Nacional Indígena, la Policía Comunitaria de Guerrero, el Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta (CRW), El Frente en Defensa de Wirikuta (FDW) y los colectivos en defensa del territorio que se han formado en Oaxaca. Movimientos sociales que han hecho lo que los mestizos no: recurrir a instancias internacionales para obtener sentencias favorables que en el ámbito nacional no serían posibles.
Además de lo más importante: sentar las bases para un verdadero diálogo.
“Aunque los acuerdos quedaron en el papel, dialogar es una cosa que no se ha vuelto a hacer. Si el gobierno entendiera eso, no estaría haciendo lo que hace. Si queremos recomponer este país antes de que se acabe, tenemos que dialogar y para eso al gobierno le toca poner las condiciones, no se vale ir a una asamblea, pedir que levante la mano la gente y decir: ‘Ya dialogué’. Eso es cualquier burla, pero no un diálogo”, asevera.
