En 17 años, el gobierno de Estados Unidos ha recibido en extradición por parte de México a mil 292 reos por diversos delitos, mientras que el vecino del norte sólo ha enviado a nuestro país a 214 acusados.
La diferencia entre las cifras de extradiciones obedece a que en México hay un alto nivel de impunidad y los reos que tendrían que ser extraditados no se solicitan por fallas en el sistema de justicia, refieren internacionalistas y especialistas en seguridad consultados por EL UNIVERSAL.
De acuerdo con una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) a una solicitud de información, las personas que extraditó México a Estados Unidos durante estos 17 años, principalmente son por los delitos de homicidio, con 378; asociación delictuosa y contra la salud, con 265, entre otros. En el caso de las personas extraditadas a México, la mayoría corresponden a homicidios, con 160, y violación, con 13, entre otros.
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Maribel Flores, internacionalista de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, comenta que en los últimos 20 años en la relación en materia de extradición entre México y Estado Unidos hay una serie de acuerdos y tratados ya establecidos, pero en la práctica es un proceso complejo derivado de falta de voluntad política.
“Principalmente de México se busca extraditar a ciudadanos mexicanos y sobre todo por los aspectos que tienen que ver con la corrupción del sistema judicial. El gobierno federal ha tenido diferentes reformas legales, sobre todo para facilitar la extradición hacia Estados Unidos”, expone la especialista.
Durante estos años se observa una serie de extradiciones a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico e implica una necesidad y disposición para cooperar contra este ilícito, por ejemplo, el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, en el que las autoridades realizaron su búsqueda, incluso a nivel internacional.
El líder del Cártel de Sinaloa escapó en dos ocasiones de prisión. El 19 de enero de 2001 se fugó del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en un carrito de lavandería. El 11 de julio de 2015 de El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, se fugó a través de un túnel. El 8 de enero de 2016 fue recapturado y finalmente extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017.
Flores puntualiza que la recaptura y extradición de El Chapo ha dado muestra de los retos que México enfrenta por su debilidad en materia de Estado de derecho e impartición de justicia, aspectos que están relacionados con la corrupción. Otro caso es el Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, quien fungió como operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y también el de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, quienes fueron entregados a Estados Unidos junto a otros 11 delincuentes en octubre de 2015.
La Barbie fue detenido el 30 de agosto de 2010 por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado. Fue reclamado por la Corte Federal de Distrito este de Louisiana, por narcotráfico y lavado de dinero.
Martín Íñiguez Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que el gobierno federal solicita pocos casos de extradición debido al nivel de impunidad en el país.
“Mientras que Estados Unidos requiere más de lo que México solicita en este rubro, está relacionado con el sistema federal de justicia… Los condados [en la Unión Americana] tienen mayor vigilancia y observancia sobre el Estado de derecho. Aquí en nuestro país es fácil corromper al Ministerio Público. En realidad el grave problema es la corrupción y la 4T tampoco lo ha combatido”, asegura Íñiguez Ramos.
Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales, coincide en que en México hay un alto nivel de impunidad y está relacionado con un Estado de derecho endeble.
“Un tema triste de impunidad que también es parte de los principios del Estado de derecho”, asevera la docente de la Universidad Iberoamericana.
Destaca el caso de la administración del expresidente Felipe Calderón (1 de diciembre de 2006-30 de noviembre de 2012), que fue el periodo en el que más extraditados se registraron de México hacia el país vecino.
Esto se debió a que en ese sexenio por la llamada guerra contra el narcotráfico se habilitaron mecanismos de cooperación para hacer mucho más expedito el procesamiento criminal, puntualiza.
Ramírez Uresti resalta que con el gobierno actual se puso fin a muchos de estos mecanismos y cerraron las oficinas en México de la Agencia para el Control de Drogas (DEA).
