La extorsión y el cobro de piso también alcanza a maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de todo el país, incluso a familiares de alumnos.
En este sexenio que está a punto de concluir, se han abierto 299 carpetas por el delito de extorsión y 12 por cobro de derecho de piso.
De acuerdo con respuestas a solicitudes de información a las fiscalías de las 32 entidades, Oaxaca es el estado que suma más carpetas de investigación por extorsión, al contar con 91, seguido por Nuevo León, con 53; Chihuahua, 36; Baja California, 27; Guerrero, 20; Tamaulipas. 19, y Puebla 12.
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Docentes y especialistas explican a EL UNIVERSAL que las extorsiones más comunes a profesores por parte del crimen organizado son por querer transitar un camino, para no ser víctimas de robo y de golpizas o simplemente les exigen cantidades que van desde 250 mil hasta un millón de pesos para no atacar a sus familias o sus propiedades.
Dice Carmen Equihua, maestra de sexto grado de primaria en Michoacán, que los casos de extorsión y por cobro de piso que se denuncian podrían ser muchos más, pues asegura que son pocos los profesores que se atreven a denunciar.
“Como en todo, existe una cifra negra, pues no todos los compañeros se arriesgan a denunciar. No se le puede pedir a la autoridad que apoye alguna situación como esta para solucionarla, para que la gente esté tranquila, porque en ocasiones las autoridades hasta conviven con las personas que andan en estas cosas”, destaca la profesora, quien agrega que un maestro de educación básica de una escuela pública gana entre 13 mil y poco más de 16 mil pesos mensuales.
Asegura que últimamente se ha enterado de casos de docentes a los que les dicen “‘necesitamos tanto dinero para tal día o para tal hora. Si no lo consigues, ya sabemos dónde vives tú y tu familia. Así es como varios compañeros abandonan sus comunidades, huyendo por el temor de perder la vida o que agredan a uno de sus familiares”.
Equihua señala que el crimen organizado busca la manera de saber cuánto percibe cada quien, en este caso los docentes. “Hace aproximadamente 12 años, se estuvo cobrando a los y las maestras para que pudieran cobrar su cheque. Hoy se recibe la quincena a través de transferencia bancaria, pero esta modalidad de extorsión aún persiste, sobre todo en los municipios de Maravatío y de Morelia”.
Cuenta que en muchas ocasiones ya que el grupo delictivo le saca lo que puede a un maestro o maestra a través de la extorsión, “el siguiente paso es correrlos de las comunidades, o buscar que se vayan. Y una vez que se van, acomodan a alguien o ya no dejan que llegue nadie a ocupar esa plaza. Porque otra de sus intenciones, es que los centros de trabajo dejen de operar en algunas poblaciones para moverse más a sus anchas”.
La maestra Carmen, de 48 años, enfatiza que este problema “debería tomarse muy en serio, porque una cosa es lo que la autoridad informe y otra cosa es lo que se vive en la realidad. Las bandas delictivas tienen forma, tienen los medios, tienen el tiempo y todo a su disposición para enterarse de lo que realmente se vive en las vidas diarias de las personas, no solamente de los maestros y las maestras, sino de todos, porque aquí lo que observamos es que cualquier actividad económica, cualquier actividad que pueda generar alguna ganancia es motivo de atención para estas personas”.
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Asegura que si bien la extorsión y el cobro de piso a profesores de todos los niveles educativos existe desde hace varios lustros, está convencida de que este problema arreció más en esta administración “ con esa manga ancha que le ha dado al crimen organizado”.
Según las respuestas de las fiscalías, otros estados como Sinaloa reportan nueve casos de extorsión a docentes; Sonora, seis; Michoacán, cinco; San Luis Potosí y Guanajuato, cuatro cada uno, mientras que Jalisco registra tres.
Por cobro de piso a docentes, la Fiscalía de Nuevo León reporta 10 carpetas de investigación abiertas por este ilícito, en tanto que la de Tamaulipas registra dos.
Académica de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Alejandra Luna Guzmán explica que la extorsión era más común entre docentes de colegios privados y aclara que este ilícito viene de años atrás.
“A mí me tocó de primera mano en 2011, en una escuela privada donde estaba, que se ubica en Coyoacán, una escuela digamos de alta categoría. Los maestros y maestras empezamos a recibir llamadas en las que se nos exigían fuertes cantidades de dinero. Una maestra que ya era muy grande, dijo que a raíz de eso se había enfermado del corazón y dejó de ir. Yo tuve un problema nervioso de tanto estrés que nos metieron. ¿De dónde sacaron todos nuestros datos? Quién sabe, nunca se supo. Pero este no es un tema nuevo”, dice.
Indica que hace algunos años el crimen organizado tenía focalizado ciertas actividades para la extorsión, pero en la actualidad ha ido alcanzando a otras áreas.
“Uno pensaría que maestras y maestros no tienen mucho de sobra, pero aun así les pasan como que la cachucha para que le entren con algo de lo que percibimos. Sé que en ciertas regiones de Guerrero, maestros y maestras tienen que pagar diario a estas bandas delictivas para poder llegar a su escuela”, refiere.
Luna Guzmán expresa que lo que busca también el crimen organizado en los docentes no es sólo el dinero producto de la extorsión, sino el cierre de planteles para reclutar en sus filas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Víctor Antonio Hernández Ojeda, académico de la Universidad Panamericana (UP) y especialista en temas de seguridad, resalta que “anteriormente los cárteles solo eran cárteles. Es decir, movían droga. Pero ahora aparte de mover estupefacientes, extorsionan, secuestran y controlan la prostitución, entre otras actividades, pero probablemente una de las más grandes y redituables es la extorsión”.
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Para el académico, “la realidad es que la estrategia actual no está diseñada para el combate a la extorsión. ¿Qué ha hecho la Guardia Nacional? La Guardia Nacional patrulla caminos, la Guardia Nacional de pronto en algunos municipios se sube al transporte público para disuadir los asaltos en transporte público. Pero en realidad no existe una estrategia, un tipo de operativo nacional contra la extorsión”.
Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, resalta que “las comunidades educativas están siendo presas de este poderío que el Estado mexicano sigue sin ser capaz de limitar. Sabemos de reportes de extorsiones a los propios maestros, a directores de escuelas, a quienes les piden cuotas de derecho de piso o los extorsionan para dejarlos hacer su trabajo, lo que es muy, pero muy preocupante”.
Recuerda que durante el proceso electoral, se registraron varios casos de candidatos a cargos de elección popular que fueron asesinados o terminaron bajándose de la contienda por miedo a perder la vida a manos del crimen organizado.
