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Los procesos de extinción de fideicomisos y fondos públicos no suelen ser simples ni procedimientos que se puedan hacer de la noche a la mañana, algunos podrían demorar años para disolverlos por completo, señalaron especialistas a EL UNIVERSAL.
Tras mes y medio de emitido el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado el 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sigue sin conocerse la lista real de fideicomisos y fondos públicos a desaparecer.
La investigadora Sarahí Salvatierra, de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en FUNDAR, y autora de Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, dijo que persisten los vacíos en materia de transparencia en el proceso de extinción.
“A la fecha, no sabemos cuáles se apagaron, por así decirlo, no sabemos cuáles quedaron dentro de las excepciones y cuáles están en proceso y cuáles efectivamente lograron recuperar recursos”, precisó la investigadora.
La experto detalló que los fideicomisos dependen de dos marcos normativos, por un lado, de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y, por otro, de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidades Hacendarias, unos son sencillos de desaparecer; sin embargo, otros implicarán proceso complejos que demorarán años.
En estos dos instrumentos se establecen los motivos por los que un fideicomiso se puede extinguir; en primer lugar, se justifica porque no cumplió con los fines para las que fue fundado, no fue la herramienta financiera para cumplirlo o los cumplió, porque lo estipulaba el contrato o una de las partes decide finiquitar.
“Sobre los recursos que se recuperan, lo que sabemos es que se reintegran a la Tesorería de la Federación [Tesofe], pero una vez que se liquidan no sé sabe lo que pasa con esos recursos, estamos en la espera de la rendición de cuentas de los montos que se están recuperando”, puntualizó Sarahí Salvatierra.
Un aspecto que preocupa a la especialista, es conocer a tiempo aquellos fideicomisos que estén en la mira del gobierno federal y que se puedan rescatar, pues tiene impacto en materia de derechos humanos como el destinado a defensores y periodistas, o bien el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues una toma discrecional de decisiones podría ir en detrimento de los beneficiarios.
“Lo que buscamos es que se garantice un buen proceso de parlamento abierto para que la iniciativa que está actualmente en manos de los legisladores considere escuchar a la sociedad civil para no desaparecer los fideicomisos prioritarios y modificar para mejorarlos a aquellos que lo ameriten”, dijo.
En entrevista, el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) Óscar Guerra Ford, quien a raíz del decreto realizó el Diagnóstico de Fideicomisos y Fondos Públicos de los saldos disponibles, de 384 entidades financieras de la Administración Pública Centralizada, Poder Judicial y organismo autónomos, refirió:
“La extinción de fideicomisos es algo natural, unos mueren y otros nacen, por decirlo así, la lista de los que se extinguen va cambiando, pero este proceso puede demorar años”.
El comisionado explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2015 había observado que en algunos procesos de extinción de fideicomisos no se tenía claro el tiempo que demoraba, unos llevaban hasta 20 años desde que se había iniciado este proceso y lo que había ocasionado seguir pagando honorarios a los fiduciarios mandatarios.
En materia de transparencia, a pesar de haberse extinguido el fideicomiso o que estén en el proceso, se les obliga a mantener su información por lo menos cinco años, “no pueden borrarla porque se considera información de valor histórico”, concluyó Óscar Guerra.
