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La nueva reforma al Poder Judicial, aprobada en el mes de abril por el congreso mexicano, deja mucho que desear, pues a pesar de que contiene modificaciones para fortalecer el trabajo de jueces y magistrados , no combate del todo a la corrupción, no garantiza la independencia, y además no privilegia el involucramiento de la ciudadanía.
Así lo afirmaron expertos juristas al participar en el seminario “Autonomía e Independencias Judiciales, división de Poderes y Democracia” , organizado por la Cámara de Diputados.
La maestra Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, observó que para que haya un combate real a la corrupción, la reforma debió modificar las reglas que rigen a las contralorías.
“Si realmente el objetivo de esta reforma es combatir la corrupción, faltó reformar las contralorías quienes no tienen nada de independencia al realizar sus auditorías, hay muy poca transparencia en estas auditorías y los auditores pueden ser víctimas de presiones, por eso se debió reformar, esto hubiera sido deseable”, puntualizó.
Por su parte, Julio Ríos Figueroa, representante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, recordó que la adición del artículo 13 transitorio, por el que se amplía el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, fue solicitado desde Palacio Nacional, donde se pidió no mover una sola coma.
“Esto por supuesto resta autonomía al poder judicial, se requieren cambios profundos, pero también se necesita defender esa independencia porque sin eso no se tiene nada”, indicó.
Por ese motivo, consideró, “es absolutamente necesario de que se abra una acción de inconstitucionalidad, para que se enmiende la gravedad de avalar este artículo 13 transitorio”.
Susana Camacho Micael, representante del Colectivo contra la Impunidemia, advirtió que además, la nueva reforma es ajena a la ciudadanía, quienes se mantienen alejados por considerar al judicial como un poder lejano.
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Para generar una mayor convivencia, propuso nuevas modificaciones para que las audiencias sean públicas, además de simplificar el lenguaje en las sentencias, “para que la ciudadanía sepa lo que se está aprobando o rechazando”.
Finalmente, Irene Tello, de la organización Impunidad Cero, opinó que la reforma al poder judicial es muy ambiciosa, “pero cuando realmente quieren bajarse al ciudadano, tienen muy poco impacto”.
Advirtió que para que los ciudadanos se involucren más, se requiere mejorar la transparencia.
“Muchas veces ni siquiera podemos hacer un diagnóstico de los niveles de impunidad en el homicidio doloso y feminicidios porque no contamos con la cantidad de sentencias condenatorias de este tipo de delitos por parte de los tribunales estatales, y muchas veces ellos mismos nos dicen que no tienen por qué proporcionarnos esta información”, expresó.
Tampoco se conoce, recordó, la manera en la que se llega a una sentencia, ni cuáles son las argumentaciones que utilizan los jueces para llegar a la misma: “Entonces, sí es necesario que las audiencias se hagan públicas, y que además haya más transparencia y rendición de cuentas”.
Las observaciones de los ponentes se harán llegar a la Suprema Corte para su análisis.
kl
