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Expertos constitucionalistas celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al plan B y afirmaron que ello es “un signo de madurez de la vida institucional mexicana”.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, los expertos señalaron que con la resolución el Máximo Tribunal dio muestras de independencia y de no dejarse presionar. Asimismo, aseguraron que la segunda parte del plan B y las reformas aprobadas durante la llamada noche negra correrán la misma suerte.
Francisco Burgoa, profesor de derecho por la UNAM, consideró que haber declarado la invalidación total del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas por vicios en el procedimiento legislativo “es un mensaje contundente hacia Morena y sus aliados”.
“Me parece una sentencia sumamente impecable. Era importantísimo que la Suprema Corte pudiera mandar este mensaje a la mayoría parlamentaria que conforma Morena y sus aliados, es un mensaje de defensa del orden constitucional y decirle a la mayoría parlamentaria que, aunque tengan mayoría, no pueden faltar al procedimiento legislativo, tienen que respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República”, expuso.
Burgoa aseguró que la Suprema Corte queda como “último dique de defensa de la Constitución”, pues los ministros “no se están dejando presionar ni intimidar”, y recordó que para la segunda parte del plan B el ministro ponente es Javier Laynez, quien votó a favor de la resolución.
“Pareciera que el magistrado también se va a centrar en el estudio de la forma y del fondo. El objetivo es dejar en claro que cualquier reforma que se apruebe en el Congreso debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, y yo espero que esta votación sea un preludio de lo que ocurrirá al momento de que se revuelva la segunda parte del plan B electoral, lo que será en los próximos días”, expresó.
Por su parte, el doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo, señaló que la Suprema Corte “rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría.
“No fue un tema en el que la Corte haya tenido que batallar, realmente fueron tantas las irregularidades y las inconsistencias que el Máximo Tribunal comprobó a través de sus precedentes que estas reformas se aprobaron en fast track, sin que se justificara la urgencia para dispensar todos los trámites, lo cual deja descubierto el desaseo monumental que hubo en las cámaras del Congreso”, indicó.
Consideró que lo anterior abre un precedente sobre lo que debe ocurrir en el análisis de la segunda parte del plan B y de las reformas avaladas en la llamada noche negra.
“En estos dos episodios se cometieron, de igual forma, importantes errores legislativos, por lo que auguro que igualmente serán sujetos de declaraciones de inconstitucionalidad”, dijo.
Astudillo advirtió que se aproxima un momento de tensión política importante y adelantó que “es probable” que la bancada de Morena busque que renazcan estas iniciativas, entre otras cosas.
“Van a redoblar esfuerzos para acosar a la Corte. Puede que quieran reformar a la Suprema Corte, que quieran quitar a estos ministros y a poner a nuevos, y esto a final del día nos habla de un endurecimiento de recursos hacia el final del sexenio”, indicó.
Ante este escenario, Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, señaló que el Congreso mexicano “tiene que estar consciente de que vivimos en una etapa de madurez en la que todas las personas y todas las instituciones pueden tener criterios y opiniones diferentes, pero que lo que cuenta es que una vez que se da una resolución como la que ha emitido la Corte todos tienen el deber de cumplirla y de acatarla”.
Sobre el futuro de la segunda parte del plan B y las reformas aprobadas en la noche negra, Valadés consideró que el Máximo Tribunal “ha dado muestras de independencia en su criterio y en su actuación”, pero llamó a no adelantar vísperas.
“Lo más probable es que también se invaliden, porque la alteración o el incumplimiento del proceso legislativo parece que fue generalizado, pero hay que estudiarlo todo de manera muy severa, muy seria, muy responsable, y sin anticipar ningún tipo de decisión.
“Estaré atento a los nuevos proyectos y a las nuevas deliberaciones que tomen los ministros, con la certidumbre y la confianza de que lo harán con sentido profesional, ético, jurídico, y de ninguna manera llevados por ningún tipo de presión política”, concluyó.
