Mauricio Merino, expresidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral (IFE) (1996–2003) y María Marván, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) (2002- 2006), cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber solicitado que por ética los periodistas hagan públicos sus ingresos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Merino recordó que si bien, la transparencia debe llegar hasta donde llega el dinero público, independientemente de si le llegó a un particular o a una empresa, también existe la Protección de los Datos Personales, la cual debe llegar “hasta donde el dueño de esos datos lo autorice”. Sostuvo además que en una democracia aplican las leyes y no la ética.
“La ética es delicada, porque quien la dicta la debe cumplir primero, no estamos hablando de normas morales, esto no es una iglesia, es un Estado, y los Estados se rigen por normas jurídicas, pero si nos deslizamos al territorio de lo moral, pues a mí me gustaría saber por qué por ética no está disponible toda la información del gobierno para los ciudadanos, ¿por qué se la tenemos que pedir todo el tiempo?, ¿por qué siete de cada 10 no se contestan?”, aseveró.
El exconsejero del IFE Recordó que los datos personales están protegidos por la Ley Feneral de Protección de los Datos Personales, y que el INAI no puede hacer pública la información de un particular porque además “no la tiene”, “no es un repositorio de datos”.
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Insistió en que en materia de transparencia, quien no está cumpliendo con sus obligaciones, es la federación: “Esta petición del Presidente es más política que jurídica, insistió, el buen juez por su casa empieza, y el gobierno mexicano no está cumpliendo con las leyes derivadas del artículo sexto constitucional, no está entregando toda la información, no está protegiendo los datos personales, y no está llevando a cabo la Ley General de Archivos”.
Por su parte, Marván Laborde advirtió que el Ejecutivo Federal “no tiene por qué estar dándonos lecciones de ética”, pues no existe ningún periodista en el mundo que tenga la obligación de hacer públicos sus ingresos, ni tampoco sus fuentes de trabajo.
“Él sigue violando la constitución al hacer público esos datos (los de Carlos Loret) sean verdaderos o sean falsos, él como Presidente de la República tiene la obligación legal de proteger los datos personales que están en su posesión, no puede alegar que tiene esa información en su calidad de ciudadano común porque él es Presidente y dicho cargo no es un saco que se pone uno cuando le conviene y se lo quita cuando le estorba”, criticó.
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La también politóloga y socióloga mexicana coincidió en que el INAI no tiene datos ni siquiera de los servidores públicos, “mucho menos de particulares”, pues su función es ordenar a los sujetos obligados a que entreguen la información cuando deben hacerlo, “no hacer investigaciones”.
“Así que el INAI no tiene ninguna facultad y mucho menos una obligación para hacer lo que está planteando el Presidente, quien desde mi punto de vista está haciendo un uso político de las instituciones de la república para su defensa personal y la defensa de su hijo. Si el Presidente obtuvo esos datos de la UFI o del SAT es malo porque está excediendo sus facultados y usándolas con fines políticos, y si los obtuvo de privados, el Presidente está obligado a denunciar a quien se los entregó, porque quien se los entregó está violando la constitución y está cometiendo ilícitos en materia de protección de datos personales”, aseveró.
Finalmente, calificó que las críticas contra la prensa desde Palacio Nacional, representan un retroceso para el país.
“No solo un retroceso, agregaría también un atentado a la libertad de expresión. Lo que hemos visto es una amenaza a los periodistas, el Presidente considera que aquellos periodistas que saquen piezas que le afectan o que le lastiman, son golpistas, eso se llama amenazas a la libertad de expresión en un país que presume de ser democrático”, concluyó.
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