Especialistas en temas de transparencia alertaron que podría haber situaciones de corrupción en seis programas sociales del gobierno federal porque sus padrones de beneficiarios no son públicos, no hay claridad en el proceso de entrega de recursos ni mecanismos de control ciudadano ni reportes periódicos sobre el gasto público, entre otros.
Durante el foro Programas sociales y riesgos de corrupción: un análisis del gasto, expertos de Transparencia Mexicana, Fundar y otras organizaciones sociales advirtieron sobre la posibilidad de que haya casos de corrupción en Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez para nivel Medio Superior, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y el Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.
Al analizar estos seis programas, las expertas encontraron que no hay claridad en sus padrones de beneficiarios ni en la forma en la que operan, no existen mecanismos para interponer quejas y hay opacidad en el uso de sus recursos, lo cual podría derivar en un mal uso del dinero público que se supone está destinado a reducir las brechas económicas entre los mexicanos.
Otra deficiencia tiene que ver con los servidores de la nación, porque no hay una claridad sobre su cadena de mando, así como de los resultados del Censo del Bienestar que ayudaron a conformar.
“Los riesgos de corrupción en todos los programas sociales de esta administración, o incluso de previas, suceden cuando no hay elementos de transparencia proactiva, rendición de cuentas, control, fiscalización y participación ciudadana”, dijo Paola Palacios, coordinadora del Programa y Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana.
Anaid García, integrante de Fundar, explicó que “para evitar actos de corrupción en este sexenio, el gobierno modificó el esquema de los programas, a fin de que haya menos intermediarios en la entrega de recursos, pero esto no es suficiente para evitar que haya un mal uso de los recursos”.
Integrantes de la Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, GESOC Agencia para el Desarrollo y NOSC también alertaron sobre los riesgos.