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Luego del incendio en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 40 personas migrantes fallecidas de diversas nacionalidades, la Fiscalía General de la República informó que iniciará acción penal contra Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien en días posteriores a la tragedia guardó silencio y se limitó un día después, a subir fotografías de él en los hospitales, y hoy martes de él repatriando cadáveres.
Garduño Yáñez es Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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Desde 1972 ha colaborado en la administración pública, participando en el diseño de programas y proyectos como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Periciales y la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal.
De 1997 a 2006 desempeñó cargos en Gobierno del Distrito Federal, en las entonces delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco, así como en la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Transporte y Vialidad.
Fue diputado suplente de 2009 a 2012.
Se desempeñó como secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, para el cierre del penal de Lecumberri y traslado de internos a los actuales reclusorios de la Ciudad de México y a la colonia Penal Islas Marías.
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¿De qué acusa la FGR a Francisco Garduño?
Este martes, la FGR informó que lo acusa del homicidio de los 40 migrantes de Ciudad Juárez. Dice que directivos del INM incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
La FGR también procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y al propio INM, la dependencia señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
