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La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de señalamientos de conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de la publicación del reportaje Bartlett, bienes raíces sobre inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
“No se encontraron elementos que prueben un posible conflicto de interés que pudieran ser hechos de actos de corrupción”, dijo la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La Función Pública inició una investigación tras las 33 denuncias que presentaron ciudadanos y representantes del PAN y PRD en contra del funcionario por el enriquecimiento de su familia a través de la adquisición de múltiples propiedades y de la red empresarial que conformaron el director de la CFE, miembros de su familia y su pareja sentimental, Julia Elena Abdala Lemus.
La información se dio a conocer a través de los reportajes Bartlett, bienes raíces y Bartlett S.A. de C.V., de Areli Quintero y Carlos Loret de Mola, presentados en el espacio radiofónico del periodista y en su columna en esta casa editorial.
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La información denunciaba que Bartlett Díaz declaró una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos, a pesar de que su patrimonio es 16 veces más grande sólo en propiedades, y que el director de la CFE ha adquirido 25 casas y terrenos por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.
La exoneración de la Secretaría de la Función Pública se dio tras verificar que “el funcionario no declaró las propiedades de Julia Elena Abdala Lemus, pues no es ni su esposa ni su concubina, ya que sólo sostiene una relación cercana afectiva. Tampoco hay conflicto de interés con respecto a sus hijos, pues no son dependientes económicos y no tiene obligación de declararlo”, informó la secretaria.
Dado que legalmente Abdala Lemus no es esposa ni concubina de Bartlett Díaz, con la legislación actual el funcionario no está obligado a declarar sus bienes, dijo Sandoval Ballesteros: “A partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con quienes tenemos un vínculo de afecto o sentimental como parejas y, en ese sentido, Manuel Bartlett estará obligado a rendir cuentas del patrimonio de la señora Abdala [Lemus]”.
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Los detalles de la investigación de la SFP se pueden consultar en el Informe Técnico de la Investigación Iniciada sobre el Director General de la Comisión Federal de Seguridad, en el portal de la dependencia.
La SFP sólo tiene facultades legales para investigar al director general de la CFE a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo, para verificar si Bartlett Díaz había incurrido en “conductas reprochables”, como actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés o tráfico de influencias.
“Durante los últimos tres meses, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal”, refirió la titular de la Función Pública.
La dependencia revisó las declaraciones patrimoniales, antecedentes registrales, declaraciones fiscales, así como la red de vínculos familiares y de negocios de Barlett Díaz y sus hijos: León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez; de la pareja sentimental del funcionario, Julia Elena Abdala Lemus, y del hijo de ésta, Julio Antonio de Regil Abdala. Además, Bartlett Díaz fue citado a comparecer ante la Función Pública el 2 de diciembre.
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“Los ingresos del director de la CFE con sus posesiones son absolutamente congruentes”, enfatizó la secretaria.
Con respecto a la inscripción como proveedores de sociedades mercantiles en dependencias gubernamentales relacionadas con Bartlett Díaz, no se encontraron elementos que pudieran comprobar un conflicto de interés, aunque en el registro estén dadas de alta empresas a nombre de familiares, esto no implica que sean proveedores efectivos de la dependencia.
Determinó que no se encontraron indicios de actos de corrupción en los supuestos señalados, como actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés o tráfico de influencias, y anunció que a partir del próximo año los servidores públicos deben reportar el patrimonio de sus parejas, en cualquier tipo de relación afectiva.
