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Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró al magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien había sido acusado de utilizar y desviar recursos del organismo para su beneficio personal.
El magistrado Fuentes Barrera fue señalado de haber utilizado el taller mecánico, donde se reparan los autos del TEPJF, para la reparación de al menos cinco automóviles clásicos de su propiedad, además de haber utilizado material del tribunal.
En mayo pasado EL UNIVERSAL difundió que el magistrado Felipe Fuentes utilizó el taller del TEPJF para restaurar al menos cinco autos clásicos, cuyo costo comercial en el mercado es de casi 2 millones 350 mil pesos.
En ese mismo mes Jorge Puebla Rangel presentó una denuncia contra el magistrado Fuentes Barrera por hechos de responsabilidad administrativa.
En sesión privada por videoconferencia, los magistrados se reunieron para discutir el proyecto presentado por el juez Felipe de la Mata, en donde se expuso el caso de Fuentes Barrera y la propuesta fue exonerarlo, toda vez que se comprobó que no usó recursos del TEPJF.
El magistrado Felipe Fuentes no estuvo presente en la sesión, por ser el señalado. En tanto, el magistrado José Luis Vargas se conectó desde España, en donde se encuentra de comisión.
Fueron cinco votos a favor de la exoneración y uno en contra, del juez Vargas Valdez.
El asunto tuvo su origen en la denuncia presentada contra el magistrado por la supuesta utilización de talleres del Tribunal para reparar sus automóviles.
La Sala Superior consideró que no existieron elementos de prueba que acreditaran el uso de recursos públicos para la reparación de los vehículos propiedad del magistrado denunciado.
El cuerpo colegiado destacó que la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas carecía de competencia para instruir un procedimiento de investigación debido a que únicamente es competencia de la Sala Superior, por lo que todo lo que se llevó a cabo ante dicho órgano administrativo era nulo.
El pleno del Tribunal analizó las pruebas recabadas por el magistrado instructor y consideró que ni en lo individual ni en su conjunto demostraron, siquiera de manera indiciaria, el supuesto uso de los talleres mecánicos de dicha institución para reparar automóviles del magistrado Fuentes Barrera.
Además, consideraron que los elementos de prueba ofrecidos por el magistrado denunciado desvirtuaban el hecho que le fue imputado, esto es, porque se acreditó que los vehículos involucrados fueron reparados en talleres ajenos a las instalaciones del Tribunal Electoral con recursos propios.
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