El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, manifestó que en México hay 650 mil viviendas abandonadas, derivado de una mala política de planeación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, el funcionario federal detalló que existen otras 70 mil edificaciones que están en calidad de “perdidas”, debido a que se trata de unidades habitacionales que no pudieron habitarse, toda vez que se construyeron en zonas de riesgo como cerros o áreas inundables.
“Hay alrededor de 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional, particularmente en el territorio norte del país, debido a una política de vivienda que se tenía anteriormente en el sexenio pasado, que era la generación de vivienda como una lógica mercantil, eso generó viviendas lejos de los centros de población que al final terminaron siendo abandonadas”, acusó.
Lo anterior lo dio a conocer durante su participación en el taller de armonización legislativa local en materia de movilidad y seguridad vial, celebrado en la Cámara de Diputados.
En el acto, el titular de la Sedatu explicó que en el caso de las 70 mil viviendas abandonadas, “ya no se pueden recuperar”.
“Aquellas viviendas que fueron conformadas en zonas inundables no tiene sentido hacer una inversión en recuperar algo que está en una zona inundable o está fuera de una, o que no tiene conectividad. Hay que entender que por más esfuerzo que haga el Estado mexicano, ya no tiene un valor agregado la recuperación de estas viviendas”, señaló.
Meyer Falcón manifestó que lo más importante es que durante el actual gobierno se han modificado las políticas crediticias, particularmente en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde ya no se otorgan créditos de forma dispersa.
“Ahora el Infonavit hace una evaluación y dice: ‘Aquellos créditos que nos soliciten y que no tengan aproximadamente, en un rango de un kilómetro, una primaria, un centro educativo, un centro de salud o una avenida primaria, yo no otorgo créditos’, y esa es una responsabilidad de la institución en materia del derecho a una vivienda”, indicó.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano celebró la nueva política que se ha gestado en la actual administración federal en materia habitacional, la cual, aseguró, promueve una planeación responsable, y favorece de forma indirecta que las empresas que construyen vivienda social lo hagan también de manera responsable.
“Esto obliga a los constructores a que hagan viviendas en lugares mejor ubicados, si yo soy un constructor que hace vivienda social, pero tengo un terreno alejado absolutamente de todo, pues el Infonavit no dará créditos para comprar esas viviendas, y como eso no le conviene a la empresa, pues mejor construye en lugares más dignos y menos alejados”, expresó.
Al ser cuestionado sobre si habrá algún proyecto de viviendas cercanas al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, también conocido como Ferrocarril Transíst- mico; al Tren Maya o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, refirió que por ahora la Sedatu lleva a cabo labores de “planeación urbana” para garantizar a los acreditados que en los próximos años existan viviendas habitables en esas zonas.
“El tema de la planeación es sumamente importante, porque la planeación urbana rinde sus frutos en 10, 20 o 30 años, cuando ya no somos funcionarios públicos, y lo que hacemos es hacer programas regionales, cuadrar a todos los estados a que se suscriban a ese programa regional, actualicen su marco normativo, tomen en consideración esta inversión y también la actualización de los programas municipales, porque esos programas municipales son los que dan los usos de suelo de dónde sí construir y dónde no construir”, expresó.
Finalmente, Meyer Falcón aprovechó el espacio del taller de armonización legislativa local en materia de movilidad y seguridad vial para rechazar los señalamientos que se han dado en torno a un presunto desplazamiento de terrenos como parte de la construcción del Tren Maya, y aclaró que en todos los casos, los ejidatarios han cedido sus terrenos mediante acuerdos firmados con autoridades.
“No hemos desplazado a nadie, todos los terrenos han sido obtenidos en completa coordinación con ejidos y comunidades, en los cuales la secretaría ha hablado de forma directa con los ejidatarios, con los comuneros, no hay terceros, se involucra a la Procuraduría Agraria, se involucra al Registro Agrario Nacional, se hacen vínculos de manera directa con las comunidades y con los ejidos y se da piso parejo a todos”, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario.
Cabe señalar que la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) entró en vigor en mayo de 2022, y sólo 12 estados de la República han actualizado sus marcos normativos.
