La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, llamó a una coordinación interinstitucional y transversal para tener una respuesta inmediata, con el uso de tecnología y prevenir o enfrentar los incendios forestales que, hoy en 73 eventos arrasan 23 mil hectáreas en 20 entidades, donde se incluyen siniestros en 16 áreas naturales protegidas, como el Nevado de Toluca; Maltrata, Veracruz, y la Sepultura, Chiapas.
“De ninguna manera debemos considerar como algo natural que existan por el hecho de que México ocupa el segundo lugar internacional en alertas por incendios forestales, como lo señala el Observador Global de Incendios Forestales, es nuestra obligación tomar acciones que los controlen o impidan”, dijo.
Guerra Castillo estimó “imperante” que el Poder Ejecutivo federal destine un fondo emergente que permita utilizar recursos económicos para adquirir herramientas e insumos y hacer frente a la crisis forestal que viven amplias zonas del país, tomando en cuenta que no todos los municipios tienen medios para combatir siniestros.
Los incendios “que en su mayoría son provocados, han cobrado la vida de brigadistas y voluntarios, verdaderos héroes que combaten los incendios”, señaló la funcionaria.
“Desde la Cámara de Diputados hacemos un llamado al Poder Ejecutivo federal a ampliar la cobertura del Plan de Auxilio a la Población Civil [DNIII], para brindar una atención oportuna a las poblaciones afectadas y así evitar que los habitantes se vean obligados a enfrentar los incendios y tratar de apagarlos prácticamente con las manos”.
El daño agropecuario y forestal “es muy alto, se pierde suelo y vegetación, destruye el hábitat de la fauna silvestre que incluso pierden la vida, se eliminan plantas que generan oxígeno, incrementa el efecto invernadero por la emisión de carbono, se muere el ganado y se devastan grandes volúmenes de madera que afecta la economía de los propietarios y las reservas forestales del país, señaló.
Recordó que para este año, el presupuesto para Protección Civil fue de 190 millones de pesos, 49 millones menos que el asignado en 2018, por lo que urge un cambio de estrategia y aquilatar el costo económico y de vidas humanas que estos siniestros significan
