Organizaciones sociales, académicos y víctimas de desplazamiento forzado pidieron al gobierno federal y al Congreso de la Unión impulsar una ley para atender esta problemática en el país.
Durante una conferencia en la Universidad del Claustro de Sor Juana, los participantes recordaron que, de acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante 2018 ocurrieron al menos 11 mil 491 desplazamientos forzados.
Los especialistas señalaron que esto ocurre por diversas causas, como, por ejemplo, conflictos comunitarios, el asedio del crimen organizado o la construcción de megaproyectos, motivo por el cual instaron a construir un marco normativo eficiente.
“Quisiéramos que se convirtiera en una de las prioridades del gobierno federal de violaciones a derechos humanos. El desplazamiento forzado lo que muestra es la necesidad de una estrategia integral contra la violencia”, dijo Fernando Ríos Martínez, director ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos.
Añadió que “no es exagerado afirmar que en buena parte de México las comunidades están con amenazas latentes, siempre con la posibilidad del desplazamiento como una posibilidad para seguir con vida”.
Durante la ponencia los expertos recordaron que en México se han impulsado seis iniciativas de ley específicas sobre el tema, sin embargo, éstas no han sido avaladas y todo se ha quedado en papel. Solamente Guerrero y Chiapas, hasta el día de hoy, tienen una normativa parecida, aunque no tienen reglas de operación y por eso no funcionan.
Los intentos de legislar en la materia están desde 1998 con la Iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente y luego en este 2019 con la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno.
“El desplazamiento forzado que se hace en otro país o al interior del mismo viola muchos de los derechos preservados y consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Nuestros esfuerzos no están siendo suficientes, el Estado debe hacer más”, señaló Jennifer Ivonne Álvarez, del Claustro de Sor Juana.
70 millones de víctimas en el mundo
Recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que alrededor de 70 millones de personas en el mundo han sido víctimas de este hecho, por lo cual el desplazamiento forzado se debe ver como un problema mundial y no sólo local.
El foro también contó con la participación de personas desplazadas de Guerrero y Chiapas, quienes relataron sus propias experiencias y lo que padecen debido al vacío normativo.
En sus relatos, los participantes indicaron que son obligados a separarse de sus tierras sin poder acceder a mecanismos de conciliación de conflictos ni a la justicia cuando alguno de sus integrantes es asesinado.
Al último, todos los asistentes hicieron un llamado al Estado mexicano para que reconozca el problema de los desplazamientos forzados a través de una ley y una mejor contabilización de los casos, especialmente del desplazamiento hormiga, es decir, el que ocurre cuando una persona decir irse por sí misma y no con el acompañamiento de su familia.
