Sobrevivientes de intento de feminicidio marcharon de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a la Cámara Alta, para exigirle a los senadores que aprueben la Ley Oropéndola.
Con el lema “¡Las sobrevivientes vivimos y vivimos para contarlo!”, integrantes de la colectiva viajaron desde Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México para exigir justicia.
En las vallas colocadas sobre Reforma, algunas de las mujeres pintaron sus nombres, mientras otras gritaban: “¡Sobreviví sin tus cuidados, ahora exijo resultados! ¡Soy mujer sobreviviente, no quiero ser valiente! ¡No, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas!”.
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Denunciaron que en sus casos, o el de otras sobrevivientes, el gran problema y “absurdo” en México es que al no haberlas asesinado, no existen pruebas para clasificar el delito como tentativa de feminicidio, y casi siempre se vincula a lesiones o intento de homicidio, sin tomar en cuenta las agravantes.
Para arroparlas, madres de víctimas de feminicidio, como Irinea Buendía, quien debido a las irregularidades del caso de su hija, ha impulsado la Ley Mariana Lima, para que la muerte violenta de cualquier niña, adolescente o mujer sea investigada con perspectiva de género.
“El hecho de liberar a un agresor es una bomba de tiempo, mi hija no sobrevivió. Gracias por su amoroso acompañamiento, sobrevivir no es vivir. Nuestras vidas no son las mismas después de la muerte de una hija, voy reconstruyendo mi existencia, reexisto”, dijo María Patricia Becerril Gómez, madre de Zynya Figueroa, asesinada en Puebla.
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El 18 de septiembre de 2022, Ayyselet Gutiérrez se convirtió en sobreviviente de intento de feminicidio, luego de que su expareja Julio César “N” le propició 27 puñaladas.
Permaneció dos meses en el hospital luchando por su vida, perdió la visión total de su ojo derecho, sufrió una reconstrucción de mejilla izquierda, así como de su lengua. Le cortó los tendones de la mano derecha, por lo que quedó con poca movilidad y daños en el sistema nervioso, que le provocan dolores.
Tuvo una traqueotomía por el corte que su agresor le hizo en el cuello. “Lo más difícil fue reconocerme, no sentir vergüenza de mostrar las cicatrices, poco a poco he recuperado el poder hablar para poder decirle a otras mujeres 'si ya me pasó a mí, no quiero que te pase a ti”.
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Ayyselet sigue temiendo por su vida debido a que su agresor sigue libre, aunque hay una orden de aprehensión.
“El trauma, el miedo al salir en las noches, nadie te puede explicar lo que se siente salir y sentir que en cualquier esquina puede estar él o cualquier otro agresor esperándote”, denunció.
Yara Vargas, Yadira Barrios y Yeritza Bautista, integrantes de la colectiva, pidieron a las autoridades que dejen de torturar a las víctimas. “Una tentativa de feminicidio no atendida, no resuelta y con un agresor suelto, es un feminicidio anunciado”, exigieron.
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Con la Ley Oropéndola las sobrevivientes buscan prisión preventiva para los agresores, que el testimonio de la víctima sea clave para acreditar el delito junto con las pruebas, peritajes y testigos.
Además, de que la tentativa de feminicidio posea una condena individual y se consideren todas las agravantes: armas, el daño, secuelas, mutilaciones, limitaciones físicas, si fue en público, si hubo niños atestiguando el delito, entre otros.
También contemplan la reparación integral del daño, ya que debido a las lesiones, las mujeres suelen invertir grandes cantidades de dinero en reconstruirse física, sicológica y emocionalmente.