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Tras casi un año de permanecer prófugo de la justicia nacional, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya fue detenido ayer en España por el caso Odebrecht, pero le esperan tres acusaciones más relacionadas con un esquema similar al usado en la Estafa maestra para obtener recursos de la petrolera, comprar un astillero español en quiebra y adquirir a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que hoy iniciará el litigio para traer al imputado al país para ser presentado ante un juez federal por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y lavado de dinero en el caso Odebrecht.
“Quedó sujeto al proceso de extradición y comenzaremos el litigio para traerlo a México”, explicó el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que se agilizará este trámite.
Lozoya Austin es señalado por la FGR como autor material del lavado de dinero de los megasobornos que supuestamente operó entre 2009 y 2012 con la constructora brasileña Odebrecht, recursos que habrían sido para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Lozoya, el exdirector de Odebrecht Luis Alberto Meneses Weyll señaló que el extitular de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos.
De 2010 a 2014, se asevera, Constructora Norberto Odebrecht fue usada para pagar 10.5 millones de dólares por los negocios que buscaba realizar en los estados que estaban en proceso de renovación gubernamental.
Para ello, afirmó la FGR, el exdirector de Pemex supuestamente recomendó a Meneses Weyll aliarse con empresarios mexicanos para fortalecerse en el mercado.
De acuerdo con la dependencia, la constructora se posicionó en Veracruz y Tamaulipas mediante el financiamiento de las campañas electorales de Javier Duarte de Ochoa y el fallecido candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú.
Convenios con anomalías
Uno de los temas por los que se ha señalado a Lozoya Austin es que se detectó que durante su gestión al frente de Pemex, ésta suscribió convenios y pagó servicios que no recibió con firmas sin la capacidad para ser proveedores, eran fantasma y estuvieron involucradas en fraudes como el de Oceanografía.
A través de estas contrataciones operadas por funcionarios y exmpleados de la paraestatal se desviaron 568 millones 615 mil 804.80 pesos y se detectó que registraron movimientos que no concuerdan con sus salarios.
EL UNIVERSAL informó que, según documentos a los que se tuvo acceso, Maheca y Activo Integral Cantarell, entre otras firmas formaron parte de contratos y convenios en los que se desviaron recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Maheca se constituyó en 2010 en Yucatán como prestadora de servicios profesionales y ante los bancos como constructora; sin embargo, los contratos que suscribió con Pemex fueron por subcontratación con la Universidad Popular de Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco, que firmó un convenio con la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP para la asistencia técnica en producción y perforación de pozos, por un monto de 140 millones de pesos.
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, este esquema ha arrojado una pérdida hasta ahora calculada de 83 millones de pesos, pero las investigaciones continúan para fijar la cifra total del desvío.
Agronitrogenados
Por el caso Agronitrogenados, Lozoya Austin es señalado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La compra de la planta por parte de Pemex en 2014 fue irregular, asevera la FGR.
En este asunto, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, empresa que hizo la venta, fue detenido en España desde mayo de 2019 y está sujeto a proceso de extradición, mismo que lleva en libertad en ese país europeo.
La FGR investiga supuestas transferencias irregulares desde las cuentas de AHMSA a empresas off shores vinculadas con Odebrecht y al extitular de Pemex.
La UIF mantiene abiertas otras dos pesquisas que aún no son judicializadas. Una es por la compra de la mitad de las acciones del astillero Hijos de J. Barreras en quiebra, en España, caso por el que se calculan pérdidas por 50 millones de euros.
