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René Gavira Segreste , prófugo de la justicia por el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se amparó por la orden de aprehensión librada la semana pasada por un juez federal del Estado de México, contra 22 personas involucradas en el caso, entre ellos él, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió la suspensión provisional al exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex (antes Conasupo) contra la “orden de aprehensión, detención o arresto, y su ejecución”, para efectos de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva.
Asimismo, para el único efecto de que una vez que sea capturado Gavira Segreste, quede a disposición de dicho Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del juez de la causa, para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.
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Gavira Segreste sumó su segunda acusación por este caso; la primera es por su presunta responsabilidad en la utilización de 800 millones de pesos de Segalmex, para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El titular del juzgado fijó el 22 de marzo para que tenga verificativo la audiencia incidental en la que resolverá si otorga la suspensión definitiva al exfuncionario contra los actos reclamados.
De igual forma, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio.
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Al momento suman ocho detenidos, luego de que la semana pasada se girará orden de captura contra 22 implicados en la celebración de contratos ilegales y pagos ilícitos por 142 millones 440 mil 883 pesos del erario.
De acuerdo con la FGR, exservidores públicos de Segalmex realizaron una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país, las cuales nunca se comprobó que se entregaron legalmente a dicha empresa paraestatal.
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