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Diputados que votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, a pesar de que no estaban de acuerdo o tenían sus reservas, denunciaron que fueron víctimas de engaño, pues durante la 64 Legislatura aceptaron avalar la conformación de dicho cuerpo bajo la promesa de que sería de carácter civil.
Sin embargo, el mantenimiento de la Guardia Nacional como una fuerza con carácter civil podría cambiar por el decreto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En entrevistas con EL UNIVERSAL, legisladores de PRI, PAN y PRD afirmaron que el Ejecutivo federal está “traicionando” la confianza que le otorgó el Congreso de la Unión y “ultrajando” los acuerdos entre poderes.
Juan Carlos Romero Hicks, quien fue el coordinador del PAN en San Lázaro, recordó a El Gran Diario de México que esa reforma salió casi por unanimidad al lograr un nivel de consenso que no ocurría en los últimos 50 años.
“Fue un gran esfuerzo de todos para poder darle las herramientas que el Presidente pidió a fin reducir los índices de criminalidad, pero la naturaleza de ese cuerpo se concibió como civil y no militar. Entonces, el Presidente, al darle la vuelta y querer incorporarla a la Sedena por decreto, está cometiendo una flagrante violación a la Constitución. Al Presidente se le otorgó la confianza y la está traicionando, él prometió guardar y hacer guardar la Constitución, si hace eso está violando la Constitución y la confianza que le dieron los Poderes de la Unión”, dijo.
Los diputados recordaron que además se prometió que en marzo de 2024 el Ejército volvería a los cuarteles, tal como quedó plasmado en el acuerdo para que las Fuerzas Armadas apoyaran a la Guardia Nacional.
Dicha disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, establece que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Sin embargo, lejos de desmilitarizar al país, se está militarizando, sostuvieron.
La exdiputada federal de Morena durante la 64 Legislatura, Lorena Villavicencio, reconoció que su partido prometió en campaña regresar a los militares a sus cuarteles, motivo por el cual siempre estuvo en desacuerdo con el tema de militarizar la seguridad pública.
“Yo no soy partidaria de la militarización. Entendí como legis-ladora por principio de realidad que inicialmente se integrara una Guardia Nacional con militares y marinos que dejarían de serlo al estar adscritos a esta institución. No había otra alternativa. Pero ya formada, la Guardia Nacional debe mantener su carácter civil y estar sujeta a las leyes de carácter civil y no las leyes militares. Los militares tienen funciones constitucionales específicas, como la defensa de la integridad nacional, y ha quedado de manifiesto que su presencia en territorio ha implicado violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura generalizada y tortura sexual hacia mujeres”, señaló.
La exlegisladora señaló que “una decisión de tal envergadura no puede ser unilateral, ni vulnerar las atribuciones legislativas del Congreso de la Unión, ni la Constitución”, y advirtió que “una institución con tanto poder y sin contrapesos es más propensa a la corrupción”,
Verónica Juárez, excoordinadora del PRD en San Lázaro, coincidió en que el Ejecutivo prometió devolver al Ejército a sus cuarteles, y también se comprometió a mantener a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, por lo que lo denominó “el Presidente del engaño”.
“Es un engaño sin lugar a dudas, burló a todo un poder, al Congreso de la Unión. Su actuar se asemeja a un golpe de Estado, y además engañó a la ciudadanía, a la que prometió devolver al Ejército a sus cuarteles. López Obrador es el Presidente de la militarización de la vida pública y es el Presidente del engaño y la mentira, que todo lo pretende arreglar con decretos”, sentenció.
Dulce María Sauri, quien fue presidenta de la Cámara de Diputados en la 64 Legislatura, aseveró que el anuncio del Mandatario “va absolutamente en contra de la Constitución de una forma indubitable.
“No me asumo engañada, me asumo violentada porque la creación de la Guardia Nacional tenía la condicionante de que fuera civil. Fue una compleja negociación para que pudiera alcanzar la mayoría”, acusó.
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