Washington.— El Departamento de Estado estadounidense advirtió este miércoles sobre la impunidad que prevalece en el tema de derechos humanos en México, donde existe participación de policías, militares y funcionarios del gobierno en “asesinatos ilegales, desapariciones forzadas y torturas”.
Así lo dio a conocer en su reporte 2019 sobre las prácticas de derechos humanos en el mundo.
“Hubo varios reportes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, frecuentemente con impunidad. Grupos del crimen organizado estuvieron implicados en numerosos asesinatos, actuando con impunidad y, en ocasiones, en colusión con funcionarios de seguridad federales, estatales y locales.
“Entre 2006 y 2018, la oficina de la Fiscalía General reportó 88 investigaciones criminales por homicidios perpetrados por un funcionario público, lo que resultó en acusaciones contra 25 personas”, indicó el reporte, que se elabora a partir de información de las embajadas y consulados de Estados Unidos, funcionarios de gobiernos extranjeros, organizaciones no gubernamentales e internacionales, juristas y expertos legales, periodistas, académicos, activistas laborales e informes publicados.
También prevalece, indica, la impunidad en los casos de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; contra personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI.
“La impunidad en los casos de abusos de los derechos humanos siguió siendo un problema, con tasas extremadamente bajas de procesamiento de los crímenes. Las estadísticas del gobierno federal (Inegi) estimaron que 94% de los delitos no fueron reportados o investigados”, explicó.
Destacó asimismo que los activistas ambientales siguieron siendo blanco de la violencia, en su mayor parte los integrantes de comunidades indígenas. Como ejemplo, puso el caso de Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero.
También refirió la masacre de nueve ciudadanos estadounidenses ocurrida el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, aunque señaló que en este caso para el 31 de diciembre había siete sospechosos detenidos, incluyendo el director de seguridad pública de Janos, Chihuahua, encargado de supervisar a la policía local.
Sobre las desapariciones forzadas, mencionó que si bien hay detrás grupos del crimen organizado, existen acusaciones sobre colusión estatal, y que las investigaciones y procesamientos por estos eventos “fueron raras”.
“Hubo reportes creíbles de participación policial en secuestros por rescate, y algunas veces funcionarios federales o miembros de las fuerzas de defensa nacional fueron acusados de perpetrar estos delitos”.
También señala los informes que relacionan a las fuerzas de seguridad con torturas.
En cuanto a la libertad de expresión, dijo que si bien existe, periodistas fueron asesinados o víctimas de ciberataques o ataques físicos, acoso e intimidación por sus artículos. “Los perpetradores de la violencia contra los periodistas actuaron con impunidad”, señala.
Peor aún, si bien las autoridades gubernamentales afirman que el crimen organizado está detrás de estos ataques, diversas ONG señalan que en algunos casos “las autoridades participaron o condonaron los actos”.
Tampoco le fue bien a México en el aspecto del trato a los migrantes. “La prensa y las ONG reportaron la victimización de migrantes por parte de grupos criminales y, en algunos casos, de la policía, funcionarios migratorios y aduanales”, según el documento.
En contraste, el informe elogió la reforma constitucional que aprobó el gobierno mexicano para ampliar los delitos sometidos a detención preventiva, así como para incrementar el número de actividades ilícitas por las que el gobierno puede confiscar activos.
Mencionó como ejemplos exitosos del combate a la corrupción la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos relacionados con el caso Odebrecht. Lozoya fue detenido en España, donde espera se resuelva su proceso de extradición a México.
