El gobierno de Estados Unidos ofrece un total de 75 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a la captura o condena de 10 integrantes de alto rango del Cártel de Sinaloa, entre ellos Ovidio Guzmán López, alias El Ratón o El Ratón Nuevo; Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito; Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alfredillo, y Joaquín Guzmán López.
Los cuatro hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso en una cárcel de máxima seguridad de Colorado, fueron colocados en el blanco de las autoridades estadounidenses, luego de que ayer el Departamento de Estado anunció gratificaciones de 5 millones de dólares por cada uno, que en conjunto suman 20 millones de dólares.
Cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas como fentanilo, metanfetaminas, heroína y cocaína, según el Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken.
Al menos desde 2001 el gobierno de Estados Unidos dio cacería a Joaquín Guzmán Loera tras su fuga del penal federal de Puente Grande. Desde entonces, el Departamento de Estado y la DEA lo colocaron como objetivo prioritario y en 2015, un año después de haberse fugado del penal de El Altiplano, ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por él.
Ovidio Guzmán López, alias El Ratón o El Ratón Nuevo, es uno de los hijos de El Chapo Guzmán Loera, del que poco se sabía hasta que en octubre de 2019 fue detenido y luego dejado en libertad en un fallido operativo del Ejército y la Guardia Nacional.
Guzmán López es considerado uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas, ambas drogas sintéticas, a Estados Unidos.
En tanto, Alfredillo se encuentra desde 2018 en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por los delitos de conspiración por posesión e intento de distribuir sustancias controladas, así como conspirar para importar y exportar sustancias controladas para su distribución.
Nació en 1983 en Zapopan, Jalisco, y es uno de los hijos mayores del Chapo Guzmán.
En el caso del capo Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, quien lidera una facción del Cártel de Sinaloa, en disputa con Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos por el control de la organización criminal, la DEA ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a su detención, la más alta para un narcotraficante mexicano.
La segunda mayor recompensa son los 15 millones de dólares que se ofrecen por localizar al capo Ismael El Mayo Zambada, fundador y líder de alto rango del Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Estado, a través de la DEA, triplicó en septiembre pasado la recompensa por El Mayo Zambada, debido al liderazgo que asumió tras la captura de Joaquín Guzmán.
En noviembre pasado, las autoridades estadounidenses anunciaron una recompensa de 5 millones de dólares para quien ofrezca datos verídicos que con-
lleven a la detención o condena de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, señalado por el tráfico de marihuana y fentanilo a territorio estadounidense.
Así también, hay gratificación para dar con los hermanos Ruperto, José y Heriberto Salgueiro Nevarez, quienes junto a El Guano son responsables “de más de 63% de las 96 mil 779 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos entre marzo de 2020 y 2021.
“Los hermanos Salgueiro-Nevarez presuntamente operan una facción del Cártel de Sinaloa conocida como SNO, que significa Organización Salgueiro-Nevarez. Aureliano Guzmán Loera es hermano del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera”, indica.
Reforzamiento de acciones
Al dar a conocer las recompensas por los hijos de El Chapo, el Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos ha sufrido durante años la peor epidemia de drogas de su historia, impulsada por muertes por sobredosis de heroína y fentanilo fabricado ilícitamente y por un aumento en la disponibilidad de metanfetamina.
“Las organizaciones criminales transnacionales son en gran parte responsables de llevar estas drogas y la violencia relacionada a nuestras comunidades”, acusó.
Indicó que para contrarrestar esta amenaza a la población estadounidense, el presidente Joe Biden ha firmado dos nuevas órdenes ejecutivas que declaran una emergencia nacional para hacer frente a la epidemia de opiáceos y otra que establece formalmente el Consejo de los Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC).
Señaló que con el Consejo sobre el Crimen Organizado se sumarán los recursos del Departamento de Estado y de otros cinco departamentos y agencias clave para combatir el crimen organizado trasnacional de manera más efectiva, “justo cuando estamos modernizando y expandiendo nuestra capacidad para atacar a las organizaciones de tráfico de drogas, sus habilitadores y facilitadores financieros”.
