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El gobierno de Estados Unidos determinó que retornará a México a toda persona indocumentada no mexicana, que ingrese a su territorio de manera irregular por la frontera común entre ambas naciones, y se encuentre en espera de asilo.
“Una vez implementada [la medida], los individuos que lleguen o entren a Estados Unidos desde México sin la documentación apropiada podrán ser devueltos a ese país durante su procedimiento de migración”, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Al fijar posición sobre esta decisión de la administración Trump, que le fue comunicada ayer a las 8:00 horas por el Departamento de Seguridad Interna, el gobierno de México reafirmó, a través de la Cancillería, su “derecho soberano” de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a territorio nacional, en ejercicio de su política migratoria.
El gobierno mexicano aclaró que autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertos extranjeros provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidos entre puertos de entrada, que hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio.
Agregó que permitirá que los extranjeros que hayan recibido un citatorio soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan en territorio nacional bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”, y puedan realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional.
“Las acciones que tomen los gobiernos de México y de Estados Unidos no constituyen un esquema de tercer país seguro, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México. Están dirigidas a facilitar el seguimiento de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México”, precisó.
Enfatizó que toda persona extranjera deberá observar la ley mientras se encuentre en territorio nacional.
Alejandro Celorio, consultor jurídico adjunto a la SRE subrayó que esta medida beneficia a los migrantes y que no estarán recluidos en ningún centro de detención, se les otorgará visa humanitaria y permisos para trabajar y en ningún momento se contempla la deportación.
En promedio, sólo 9% de las personas que piden asilo, lo reciben. El gobierno de Donald Trump sostiene que demasiados migrantes hacen declaraciones falsas para obtener ese beneficio. “Confrontaremos esta crisis de frente, defendiendo la ley y fortaleciendo nuestros compromisos humanitarios”, enfatizó Nielsen en un comunicado.
La funcionaria estadounidense explicó que han informado a México de esta medida y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha “comprometido” de manera unilateral a dar respuesta a quienes sean retornados a su territorio.
“Hemos notificado al gobierno mexicano nuestras intenciones. En respuesta, México ha tomado una decisión independiente de que se comprometerán a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera para facilitar este proceso”, comentó la titular de Seguridad Nacional.
“Esperamos que los migrantes afectados reciban visas humanitarias en suelo mexicano, [además de] la capacidad de solicitar empleo y otras protecciones mientras esperan la decisión de Estados Unidos”.
Nielsen indicó que quienes no logren amparo migratorio en Estados Unidos serán deportados a sus países de origen, y que “en los próximos días” el gobierno discutirá con México de qué forma se aplica esta medida para que sea “transparente, efectiva y que garantice la seguridad y el orden del flujo migratorio”.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, confirmó en un comunicado el inicio de la medida: “Comenzaremos la implementación inmediatamente”. Agregó que espera que esa decisión lleve a una caída histórica de la migración ilegal.
“El incentivo de tramitar el asilo y permanecer en Estados Unidos durante la sustanciación de esa petición, ya no va a existir”, afirmó.
Con esta acción, la administración de Donald Trump busca poner fin al vacío que, alega, aprovechan los migrantes en las leyes para permanecer en Estados Unidos mientras solicitan asilo, y desaparecen en el territorio. Casi 100 mil migrantes solicitaron revisiones para pedir asilo en el año fiscal que concluyó en septiembre, de acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía.