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El combate a la delincuencia organizada no sólo ha dejado miles de muertos y personas desaparecidas en el país, sino que también un puñado de empresarios y funcionarios ha sacado provecho de esa situación para enriquecerse con contratos relacionados con temas de seguridad, dijo Peniley Ramírez, periodista y columnista de EL UNIVERSAL.
La reportera especializada en temas de corrupción recientemente publicó su libro Los millonarios de la guerra, en el que pone la lupa en la carrera de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, para explicar cómo favoreció con contratos a un grupo de empresarios que ofrecían servicios o insumos en materia de seguridad pública.
Después de ocho años de investigar la carrera del funcionario que hoy se encuentra preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Peniley Ramírez reveló cómo la “guerra contra el narcotráfico” —término que ella rechaza— se ha convertido en un plan de negocio o campaña de mercadotecnia para favorecer a unos pocos.
“Son los ganadores de la guerra”, escribió la periodista, al mismo tiempo que indicó que todavía en el actual sexenio hay compañías que se favorecen del plan de seguridad.
¿Cómo surgió este libro?
—Empecé a investigar el caso desde noviembre de 2012 y hace un año, cuando detuvieron a Genaro García Luna, mi editor, Juan Carlos Ortega, de Penguin Random House, me propuso escribir un libro sobre el caso.
Teníamos una primera opción que era hacer una biografía de García Luna y al final nos decidimos por una segunda opción, que sí es un perfil del personaje, pero mucho más enfocado en cómo ese personaje representa simbólicamente todo un proceso que va más allá de él y que no termina con el momento de su detención y su eventual juicio en Estados Unidos.
[García Luna] representa todo un esquema de cómo el discurso de la llamada guerra contra el narco en México ha traído muchísima desgracia a la vida de mucha gente y una gran cantidad de millones de dólares a un puñado de empresarios y políticos que han sido vinculados con estos empresarios alrededor de estas estrategias de seguridad a las que se ha destinando gran parte del presupuesto público.
¿De cuánto dinero seguiste la ruta para este libro?
—Son más de 400 millones de dólares los que yo rastreo en el libro y esta no es una cifra mía, es una cifra que ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de sus investigaciones sobre el caso.
¿Cómo funciona el sistema de contrataciones por los servicios de seguridad?
—Varios de los casos que están en el libro están enfocados al hecho de que se anuncia, por ejemplo, un búnker de seguridad de la Policía Federal (PF) en 2009 y se otorga una serie de contratos, varios de ellos justificándose como seguridad nacional y eso traía dos ventajas: los contratos se podían adjudicar de manera directa, sin proceso de licitación, y también estaba el secreto de cómo se gastaba el dinero, a quién se le entregaba.
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) logró desclasificar estos contratos y encontramos a partir de ahí que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) va a buscar esos equipos que se adquirieron para la PF y no los encuentra.
Después obtengo testimonios de personas que trabajaron en una oficina secreta al servicio de García Luna y los socios de éste —las personas que ahora son identificadas como socios de él en las investigaciones federales en México—, y entonces dicen que utilizaban ahí los mismos equipos [que supuestamente eran de la PF], el mismo programa que la ASF detectó, que no estaban donde debían.
¿Encontraste otras irregularidades?
—Esos son algunos de los casos en los que vamos viendo cómo al discurso seguía la adjudicación del contrato, a ello seguía el pago multimillonario de dinero y en varios casos yo pude hacer cotizaciones con esos proveedores de esos mismos servicios, equipos, y me dicen que eso no costaba ni una cuarta parte en algunos casos, ni una quinta o décima de lo que pagó el gobierno.
Lo que encuentran las investigaciones federales más recientes es que ese dinero termina en cuentas en el extranjero, en empresas en Panamá, Florida, Delaware, Taiwán, transferencias internacionales a decenas de países.
¿Este sistema está vigente?
—Es importante decir a la audiencia, a los lectores de EL UNIVERSAL, que este no pretende ser un libro sobre el pasado, sino que explica y relata una historia que comienza a finales de la década de 1980 y continúa.
Es sobre cómo ha ido cambiando [esta estrategia económica], a quién le llega el dinero, ya no le llega a la PF porque sabemos que el gobierno actual está instaurando una Guardia Nacional, pero sí le llega entonces al Ejército, tanto al Ejército como a la Guardia Nacional, distribuyendo recursos en este nuevo plan.
En el libro criticas el término “guerra contra el narcotráfico, ¿por qué?
—Yo no estoy de acuerdo en que se le llame así y que debamos usar este término desde el periodismo de manera crítica. El libro más bien analiza cómo la utilización de estos términos ha servido para justificar el gasto de muchísimo dinero del presupuesto público, cada vez mayor cantidad de dinero.
Analizo cómo se usa ese discurso patriótico de guerra para justificar incrementos sustanciales a los presupuestos de seguridad, además de dónde termina ese dinero que debería haber sido para ayudar a las víctimas, para encontrar a los desaparecidos, para colaborar en un proceso que se supone iba a ser de paz, y terminó siendo un de enriquecimiento de un puñado de empresarios, algunos de ellos asociados con García Luna.
