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Este lunes se someterá a discusión y votación de los diputados federales que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.
La propuesta que ha generado inconformidad por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes se mantienen en paro indefinido de labores desde el pasado 19 de agosto, plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros, por voto popular, por un periodo de 12 años y no de 15 como es actualmente.
Establece que se realizarán dos elecciones para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; una, el primer domingo de junio de 2025, y otra en 2027.
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Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sean electos permanecerán en el cargo por un periodo de 8, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación. También se prevé reducir de once a nueve los ministros del máximo tribunal.
El proyecto de dictamen señala que la ley preverá la extinción de la sala regional especializada del TEPJF, a más tardar el 1 de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria.
Las dos salas que tiene actualmente la SCJN serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno.
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Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de México.
Asimismo, se busca sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. El primero estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, mientras que el segundo recibirá denuncias contra ministros, magistrados, jueces y personal judicial.
La reforma busca garantizar la justicia expedita, al establecer un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales.
