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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó una resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que declaró responsable a Gerardo Pavón Luna , exgerente de servicios de Tecnologías de la Información en Banobras , de un daño por más de nueve millones ocasionado al erario por el caso de la Estafa Maestra .
El funcionario fue cesado por las investigaciones en los contratos de prestación de servicios entre Banobras y la Universidad Autónoma del Estado de México para actualizar sus sistemas computacionales y desde 2018 fue inhabilitado para ocupar un cargo público.
En su resolución, la Dirección General de Responsabilidades de la ASF determinó que Pavón Luna incurrió en responsabilidad al no supervisar las acciones del personal del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM en la prestación de los servicios pactados en el contrato DGA/045/2013 de fecha 16 de agosto de 2013.
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Esto, calculó la ASF, provocó un daño al erario por 9 millones 161 mil 680 pesos que debía ser resarcido por el exfuncionario.
Contra esta determinación presentó un juicio Contencioso Administrativo en el que este miércoles la Sala Superior del TFJA avaló el proyecto del magistrado Alfredo Salgado para dejar sin efectos la resolución de la ASF porque al sancionar al exfuncionario aplicó una ley que ya no está vigente.
“Al no haberse cumplido con el requisito de debida fundamentación establecida en el art 16 const debido a que la autoridad tuvo como fundamento de su decisión normativa que no se encontraba vigente, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que hace procedente declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas”, indicó el magistrado durante la sesión del Pleno.
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Durante el sexenio pasado Banobras pagó más de 200 millones de pesos por un contrato plurianual con la UAEM que quedó cancelado el 31 de noviembre de 2015 luego de que la ASF detectó sobreprecios y pagos por trabajos que no se realizaron, además de que el proveedor no tenía la capacidad para prestar el servicio contratado.
El esquema de contrataciones irregulares detectado por la ASF forma parte del caso conocido como la Estafa Maestra que no sólo afectó al erario desde las secretarías de Estado dirigidas por Rosario Robles sino diversas dependencias del gobierno federal.
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