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El gobierno federal y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lanzaron el Plan de Acciones Emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México, con lo que el Estado asume la rectoría de los refugios para mujeres violentadas que seguirán funcionando bajo supervisión.
La estrategia emergente, presentada en Palacio Nacional, incluye reformas para fortalecer la alerta de género, la supervisión de escuelas y las sanciones a servidores públicos, entre otros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que el programa para el apoyo a refugios para mujeres violentadas continuará con el mismo mecanismo, sin modificaciones, pero bajo la supervisión del Estado y en coordinación con el DIF, la Secretaría de Gobernación y organizaciones de la sociedad civil.
“Sigue igual el programa, no hay modificaciones, sólo que habrá más cuidado del Estado”, expresó en su conferencia de prensa matutina.
Ante la polémica por el retiro de presupuesto a refugios de mujeres violentadas, el Presidente aclaró que el gobierno, a través del DIF, dará los 300 millones de pesos, e incluso más, para ese rubro.
“Que también haya seguimiento, evaluación. ¿En qué quedamos, que sólo se evalúe a los maestros?”, cuestionó López Obrador.
Al presentar el Plan emergente para garantizar la integridad de las mujeres, el Presidente aclaró que él nunca mencionó que se dejaría sin protección a las mujeres y acusó que fue una invención, “y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres, es totalmente distinto”.
La supervisión de los refugios estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, que también será responsable de la coordinación con el DIF y las organizaciones de la sociedad civil.
Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aclaró que los refugios siguen funcionando, pero con la rectoría y supervisión del Estado.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que se mantendrán los refugios, pero ahora el gobierno federal destinará recursos a municipios y estados para que tengan como política pública la estrategia en contra de la violencia hacia las mujeres y se mantengan los espacios de protección.
La titular de la Segob dijo que en el país hay 70 refugios para mujeres violentadas, pero sólo 20 cumplen con los requisitos.
Detalló que la violencia contra mujeres y niñas ha aumentado de manera dramática. Según cifras oficiales, sufren violencia 66 de cada 100 mujeres por parte de pareja, esposo, novio, familiar, escuela, trabajo, autoridades o personas extrañas.
Asimismo, diariamente son asesinadas nueve mujeres y niñas en el país, es decir, cada 160 minutos es privada de la vida una mujer o una niña. En el año 2018 se registraron 3 mil 580 víctimas.
De acuerdo con la explicación dada en Palacio Nacional, en esta estrategia se integrará un consejo consultivo, habrá seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje, desarrollo de aplicación para teléfonos móviles con enlace al 911, campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, así como un registro nacional del transporte público concesionado.
Habrá también acciones conjuntas en las zonas prioritarias y a través de las coordinaciones estatales para la construcción de paz.
Además, habrá una auditoría en todos los estados en los casos de feminicidios, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, para identificar líneas de investigación y problemas estructurales.
Piden reforzar ley. Más tarde, ante diputados, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, pidió reforzar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que “un día ya no necesitemos refugios ni centros de justicia”. Dijo que los refugios son imprescindibles para salvar la vida de las mujeres, Con información de Alejandra Canchola
