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Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, reconoció que “el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen”.
Lo anterior ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena). En una reunión virtual Irazoque y otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación coincidieron en la necesidad de fortalecer los protocolos vigentes.
“En el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101; en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el Mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos”, puntualizó el funcionario federal.
Indicó que el Mecanismo de Protección es un órgano de coordinación y cooperación entre la Federación, las entidades federativas y las fiscalías para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo o bajo amenaza.
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Detalló que el 53 por ciento de las personas periodistas incorporadas al Mecanismo se concentran en 6 entidades federativas: Ciudad de México, 79; Guerrero, 58; Tamaulipas, 49; Quintana Roo, 42; Veracruz, 26, y Oaxaca, 22. Asimismo, de diciembre de 2018 a febrero de 2022 se han registrado 98 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
“Necesitamos una ley general que cree obligaciones y corresponsabilidades hacia las autoridades municipales y estatales, así como construir un sistema nacional de prevención y protección de agresiones cometidas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, agregó.
En el acto, la diputada de Morena, Inés Parra Juárez, consideró primordial diseñar una ley nacional que vincule a los diferentes órganos de gobierno “y se evite que estados y municipios se escuden en la autonomía y no defiendan los derechos humanos de la ciudadanía”. Propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sólo dé recomendaciones, sino que actué como una defensoría.
Del PAN, la diputada Ana María Esquivel subrayó que se estima que de 40 a 45 por ciento de las agresiones proceden de autoridades municipales, y cuestionó qué se ha hecho respecto a los asesinatos de periodistas, “ya que de acuerdo a la media de las administraciones pasadas estos han aumentado”.
La diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, expresó que es necesario que el Mecanismo sea fortalecido más allá del tema de un marco legal y jurídico, por lo que preguntó si el presupuesto de 388 millones de pesos de ese Mecanismo es suficiente para ejecutar las tareas encomendadas.
En la reunión también estuvieron Erick Martín Javier Salas, director general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y Fabiola Salazar Gutiérrez, coordinadora de oficina de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.
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