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El Estado de derecho en las entidades del país se mantiene sin avances, incluso con retrocesos en factores como corrupción, contrapesos a los gobernadores y debilitamiento en los sistemas de justicia civil y penal, advirtió el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés).
En su cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, que se presenta este martes en el Senado de la República, la organización internacional identificó un estancamiento en la adhesión al Estado de derecho en los 32 estados, puesto que están por debajo de la mitad de la calificación idónea, en la que 0 es la más débil y 1 indica el máximo apego.
“Después de unos años estamos viendo esta tendencia del estancamiento. Los cambios son tan pequeños que no estamos viendo movimientos sustanciales, pero identificamos debilitamientos en ciertos temas como los contrapesos, la justicia y en la lucha contra la corrupción”, reveló Eréndira González Portillo, investigadora de WJP.
Indicó que a pesar de que continúa el acotamiento de espacios, la sociedad civil y la prensa siguen siendo los contrapesos más efectivos contra los gobiernos estatales.
Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46) son los estados con mayor adhesión al Estado de derecho en México, conforme a los ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal, que se miden en el reporte anual, elaborado con base en información de encuestas a la población en los estados, a especialistas y de datos oficiales como los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es la primera ocasión que Querétaro está en primer lugar del Índice, por arriba de Yucatán, que se había mantenido en la primera posición en las tres ediciones anteriores. En contraste, Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34) ocupan los tres últimos lugares.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, en 16 estados, entre ellos: Hidalgo, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Nayarit y Morelos, retrocedió el factor de ausencia de corrupción, mientras que en 11 se mantuvo sin cambios y en cinco mejoró: Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Durango y Veracruz.
“El Poder Judicial, los sistemas de seguridad y procuración de justicia y el Ejecutivo estatal tuvieron las mayores caídas”, precisó González Portillo.
En tanto, 17 estados presentaron el último año un debilitamiento de los contrapesos institucionales, marcadamente en Quintana Roo, Veracruz y Sonora, donde los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, no funcionan como contrapesos eficaces.
A lo largo de cuatro ediciones, el Proyecto de Justicia Mundial (WJP) ha observado que las evaluaciones a los sistemas de justicia penal y civil han bajado sus puntajes año con año.
En el último año, 14 estados cayeron en dicho rubro, destacan la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz. Estas cifras son semejantes a las cifras de la edición pasada, en el cual 16 entidades retrocedieron. De las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior, precisó la organización internacional.
En el área civil y administrativa, añade el reporte, 18 estados disminuyeron su adhesión al Estado de derecho, siendo Veracruz el que registra más bajo puntaje en justicia civil expedita y Baja California Sur, Ciudad de México y Oaxaca en los mecanismos alternativos de solución de controversias.
El WJP afirmó que el informe tiene el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de derecho en México.
Los datos del Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022 muestran que, a pesar de que el país todavía enfrenta una grave crisis de seguridad, ha habido ligeros avances, ya que los puntajes del factor de Orden y seguridad subieron en 19 estados, como Yucatán, Chiapas y Veracruz.
Mientras que en los subfactores sobre ausencia de crimen, ausencia de homicidios y percepción de seguridad, Baja California, Chihuahua, Colima y la Ciudad de México presentaron las peores evaluaciones.
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