El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió a las secretarías de Educación Pública (SEP) y Gobernación (Segob) dejar de encubrir a abusadores sexuales de niñas y niños en escuelas de educación básica de diversas entidades del país y contribuir, por el contrario, a la justicia.
A través de un punto de acuerdo, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió a las dependencias federales que con su actitud encubridora durante más de 10 años, han favorecido la i mpunidad para los delincuentes y propiciado la reiteración de sus crímenes en agravio de nuevas víctimas, lo que resulta intolerable e inadmisible.
Solicitó al Congreso de la Unión intervenir y dirigir, tan pronto sea posible, un exhorto a las mencionadas dependencias, así como a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), para que investiguen y sancionen todos los casos de violencia sexual contra los menores en los centros educativos, sean públicos o privados.
Pidió, en su propuesta de punto de acuerdo correspondiente dirigida a la Comisión Permanente del Congreso, proteger la integridad de las víctimas, conforme al principio de interés superior de la niñez.
Argumentó en su propuesta de punto de acuerdo que la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia reveló el pasado 31 de mayo que detectó y denunció una red de pornografía y abuso sexual contra infantes que opera desde 2008 en escuelas de por lo menos siete entidades federativas.
Se trata de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, entidades a las cuales se sumarían otras dado que el abuso sexual infantil es un grave problema en los centros escolares del país.
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Así lo han denunciado otras organizaciones e incluso instituciones públicas defensoras de Derechos Humanos, las cuales han referido patrones delictivos similares en planteles de varios estados.
Sin embargo, en general la respuesta de la SEP ha sido proceder a una “investigación interna” que no llega a lugar alguno pese a que los mencionados abusos son delitos graves que deberían denunciarse ante los órganos de justicia correspondiente.
Así, la omisión de la SEP para proteger a la niñez y, en su caso, allegarle justicia, termina en encubrimiento e impunidad para los delincuentes, quienes gracias a ello y a la indefensión de las niñas y niños, quedan en libertad para seguirlos agraviando.
Juárez Piña advirtió que la indolencia de las autoridades mexicanas en perseguir y castigar estos delitos da como resultado que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufra violación antes de cumplir la mayoría de edad.
“Es por todo lo anteriormente expuesto que el GPPRD considera necesaria la coordinación entre la Segob, la SEP y la PFPNNA con el fin de investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con probables casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes dentro de los centros educativos públicos y privados”, insistió Juárez Piña.
Precisó que la finalidad es, por una parte, garantizar la recuperación física y psicológica de las víctimas, así como la restitución de sus derechos, sin discriminación de ningún tipo y a través de una atención basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular, y, por la otra, evitar más agresiones de este tipo contra la infancia.
kl
