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La administración del presidente Enrique Peña Nieto quedó marcada por casos emblemáticos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que en el ámbito judicial no han sido concluidos o cuyas respuestas no dejaron satisfechos a varios sectores.
Posibles nexos con Odebrecht, la llamada casa blanca, el socavón del Paso Exprés que costó la vida a dos personas, la presunta triangulación ilegal entre secretarías conocida como estafa maestra, y los procesos contra ex gobernadores priístas acusados de corrupción impactaron su administración.
A lo anterior se suma la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la muerte de 22 civiles en Tlatlaya que involucró al Ejercito, así como el deceso de 22 personas en un rancho en Tanhuato, Michoacán, que señala como responsable a la Policía Federal.
El caso Ayotzinapa es el más emblemático. El gobierno federal ofreció su verdad histórica que atribuye al crimen organizado la muerte de los normalistas, respuesta que ha sido rechazada por los padres de familia, así como instancias nacionales e internacionales.
En materia de presunta corrupción, la PGR concluyó desde 2017 las indagatorias de posibles nexos de funcionarios federales con la constructora brasileña Odebrecht.
A la fecha no se ha dado a conocer su resultado, si hay altos funcionarios de Pemex o del gobierno federal implicados en la entrega de contratos para obra pública, por medio de sobornos millonarios.
En el caso de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, tienen abiertas investigaciones relacionadas con casos de corrupción y mal uso de recursos públicos, así como contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, investigado por probable ejercicio indebido de funciones y peculado.
A la constructora Higa se le vincula con la compra de dos residencias, la primera para la esposa del presidente, Angélica Rivera, y la segunda, para el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
