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La justicia laboral en México está abandonada y con un alto grado de corrupción, por lo que a fin de que en el país exista un verdadero acceso a la justicia para los trabajadores es necesario que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sean autónomas, y para ello se les debe dotar de suficientes recursos económicos, consideró Lauro Sol Orea, presidente de la Junta Especial Número 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en derecho laboral señaló que, ante la desaparición de las juntas y que sean tribunales los que las remplacen, como dicta la reforma laboral aprobada en 2017, representaría un gasto multimillonario que tardaría varios años en concretarse, y ello no garantiza su autonomía.
Indicó que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia tiene que ser un cambio que favorezca las condiciones de vida de millones de trabajadores, porque “el país no soporta más salarios de miseria, desempleo, empleos precarios y con outsourcing, sin derecho al reparto de utilidades o a sindicatos”.
¿Cuál sería su balance de la situación en la que se encuentra la justicia laboral en México?
—En mi opinión, la justicia laboral está totalmente abandonada por los gobiernos, tanto por el de la República como por el de la Ciudad de México. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno en la capital fue el único que se atrevió, en la historia del país, a dotar de autonomía plena a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ninguna otra junta del país tiene autonomía, y me refiero a autonomía económica, jurídica y política, porque la junta no depende de ningún departamento del gobierno.
Sólo la Junta Local tiene esta autonomía, porque la Junta Federal depende de la STPS, las juntas de los estados dependen de los secretarios del Trabajo, es decir, del gobernador, quien nombra a su compadre como secretario del Trabajo y entonces le ordena cómo resolver, sobre todo en materia de sindicatos, de huelgas, lo que es trascendente en esto.
El hecho de que las juntas dependan de los gobiernos las ha hecho muy corruptas y muy injustas. Además, hay un rezago en los tribunales de juicios de años, por lo que la administración de la junta está en una crisis verdadera, insostenible.
¿Qué opina acerca de que se deban suprimir las juntas en el país?
—La supresión de las Juntas de Conciliación sustituidas por tribunales dependientes del Poder Judicial, es decir, juzgados, obedece a la reforma constitucional de febrero de 2017. En esa reforma se ordenó que se deben cerrar las juntas y en su lugar crear tribunales del Poder Judicial. Se dio un año para hacer ese cambio, cosa que era absurda, imposible.
Todo esto requiere de miles de millones de pesos que este gobierno no tiene [porque] será un gobierno austero. No hay para pagar esos sueldos millonarios ni para construir tantos edificios, reclutar a tanta gente. Estamos hablando de un proyecto multimillonario y a largo plazo.
Sin embargo, recordemos que el nuevo acuerdo económico que se firmó con Norteamérica establece una condición a México, donde dice que el tratado no va a entrar en vigor si en México no hay tribunales y organismos laborales independientes, autónomos. Así que si entran los tribunales, éstos van a ser dependientes del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tampoco van a ser autónomos. Es decir, nunca va estar en vigencia el tratado porque no vamos a cumplir ese requisito.
¿Es necesario volver a discutir la reforma laboral?
—Es muy importante, pero tiene que ser una discusión democrática en donde intervengan los sectores interesados e involucrados, como los trabajadores, los sindicatos, los juzgadores y los patrones.
¿Qué hacer para que los casos en las juntas no tarden tanto?
—El problema principal de la mala administración de la justicia laboral es el presupuesto. Está olvidada por los gobiernos con toda la mala intención, para que los juicios no se resuelvan. ¿Cuál es la intención? No hacer la justicia social, salarial y laboral.
En el tema de los sindicatos, ¿es hora de meterlos en cintura?
—Hace mucho tiempo debió ser hora de hacer esto, pero los sindicatos charros, los grandes sindicatos, son parte del sistema. Son diputados, senadores, son socios de los funcionarios, porque les ayudan a controlar a los trabajadores.
En este sentido, ¿considera que la llegada del primer gobierno de izquierda a la Presidencia de México podría representar un apoyo a la clase trabajadora?
—Tiene que ser. El país no soporta más salarios de miseria, desempleo, empleos precarios o con outsourcing. El trabajador es milusos, no tiene lugar de trabajo, no tiene derecho al reparto de utilidades, a sindicatos.
Esta desprotección de los trabajadores ha llevado al país a los peores niveles de pobreza, lo que se refleja en los índices de violencia que hay en México. Los jóvenes no tienen acceso a la escuela ni al trabajo, entonces, ¿a qué se van a dedicar? El narcotráfico paga bien...
