La mayoría de Morena y sus aliados aprobó, por 362 votos en favor y 133 en contra, quitar el carácter civil a la Guardia Nacional y traspasar su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que diputados de oposición calificaron como la militarización de dicha fuerza de seguridad pública.
Con la reforma se crea un cuerpo policiaco con facultades extraordinarias, en el que sus integrantes de origen militar y naval tendrán fuero castrense, la facultad de investigar delitos y regirse de acuerdo a sus propias leyes internas.
Los diputados de Morena, PT y Verde tuvieron que aprobar una reforma constitucional con mayoría calificada luego de que en abril del 2023 la Suprema Corte de Justicia echó abajo su traslado a la Sedena porque sólo se modificaron leyes secundarias y no la Carta Magna.
En este debate los legisladores de oposición propusieron fortalecer a los cuerpos de las policías civiles en los estados y mantener a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y fiscalizar su gasto.
La reforma constitucional establece que la Guardia Nacional estará integrada por personal de origen militar y naval con formación policial, faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
También faculta al presidente de la República para disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública, y transfiere a la Sedena los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación.
En la discusión del dictamen, la diputada María Josefina Gamboa (PAN) afirmó que la reforma constitucional representa la militarización de la seguridad pública y el afianzamiento de una dictadura en el país.
“Militarizar, militarizar, militarizar. Ustedes, los que nos están viendo, apréndanse esa palabra y entendamos ese concepto, porque esta va a ser la nueva realidad a partir de hoy, con esta reforma, de esto se trata todo: de impunidad a los cárteles y sus cuates, de persecución política a sus adversarios, a sus críticos, a sus enemigos, y de imposición y restricciones a los ciudadanos. Esto es una dictadura, y eso es lo que va a pasar a partir de hoy”, expresó.
Por el contrario, el diputado Luis Humberto Aldana (Morena) negó que se vaya a militarizar la seguridad pública y aseguró que es una estrategia de la oposición para desvirtuar la labor de la Sedena.
“[La reforma] de ninguna manera propone la militarización de las fuerzas de seguridad ciudadana, que los agoreros del desastre, la debacle y la destrucción quieren hacer creer con sofismas y mentiras como sus únicas herramientas, sino su fortalecimiento al dejar la rectoría de su capacitación, adiestramiento, rectitud, honorabilidad, incorruptibilidad y formación en derechos humanos a las ya citadas virtudes y capacidades inherentes a nuestras Fuerzas Armadas”, dijo.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez (MC) insistió en que la reforma de López Obrador significa militarizar al país y que le da facultades extraordinarias a la Sedena.
“De ser aprobada, tal como se propone, esta reforma representará una militarización absoluta y permanente de la seguridad pública a nivel federal, además de intensificar el proceso de militarización en México, ya que permitirá a las Fuerzas Armadas asumir cualquier tarea, incluso aquellas que no estén relacionados con la seguridad nacional”, advirtió.
La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) afirmó que la oposición apoyó la militarización de la seguridad pública en las administraciones federales pasadas y ahora se niega a apoyar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
“He escuchado con atención a quienes se oponen a esta reforma. Algunos lo hacen desde la ignorancia, otros desde la desesperación y otros más desde complejos políticos. Se olvidan que la reforma que ahora critican fue celebrada en el pasado. ¿Por qué rechazar lo que una vez aplaudieron?”, cuestionó Rivera Vivanco.
La diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) expuso que en los últimos 11 días se cometieron 920 homicidios en el país, lo que demuestra que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador fracasó, por lo que, añadió, sería mejor fortalecer a las corporaciones policiacas locales que tienen el primer contacto con la población.
