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Tijuana, B.C.
La ciudad fronteriza más transitada del mundo vive una crisis. Tijuana, desde hace más de un mes, vio llegar de golpe a miles de centroamericanos, situación que molesta al gobierno municipal.
Leopoldo Guerrero Díaz, secretario general de gobierno en el Ayuntamiento de Tijuana, comenta a EL UNIVERSAL que es hora de que la Federación se haga cargo de la caravana migrante, que, afirma, alteró la vida de la ciudad.
Su mensaje es directo: es necesario saber quiénes entraron y que se apeguen a las reglas de la ciudad.
Guerrero Díaz muestra su molestia con Derechos Humanos, porque esta instancia, dice, no les permite tomar datos, revisar a la gente, censarla.
Para él, México debe poner reglas y al que no le guste, pues no entra.
¿Cómo ha afectado la caravana migrante la vida en la ciudad?
—Bastante, no estamos acostumbrados a la forma en que llegó este tipo de migración. Durante todo el año transitan miles de migrantes, gente deportada de Estados Unidos que se queda, regresa o se va a su lugar de origen, es cotidiano.
[La caravana] generó temor en la gente que viene de allá [Estados Unidos] para acá, ante la posibilidad de quedarse estancados por un posible cierre de las garitas.
Provocó cancelaciones de hospedajes, que es lo fuerte del turismo. Hay un impacto de los dos lados de la frontera, en términos económicos, pero también familiares.
¿En qué forma llegaron?
—En grupo, con violencia, sin registro, no había datos concretos. Normalmente llegan 10, 20, pero no mil un día y otros mil, al siguiente.
Llegaron y se apostaron en una zona que no es de entrada a Estados Unidos. Se subieron al muro, provocaron a las autoridades, llegaron enfiestados; empezamos a ver problemas de consumo de drogas dentro del albergue. Esto empezó a generar situaciones de inconformidad.
¿A quién se le reclama?
—Al gobierno federal. Insisto: la vocación de Tijuana ha sido siempre ayudar. En nuestra propia casa, si llega un amigo y de repente empieza a brincar en los sillones y luego va y se pelea con el vecino y te genera un conflicto, lo que dices es: ‘Espérame, el que llega es el que se tiene que ajustar a las condiciones’.
Que el gobierno se haga responsable de este tipo de situaciones, que asuma una responsabilidad.
Lo que no queremos es que permita situaciones como provocar la frontera para que cierren, porque entonces se daña a miles de familias.
Les tocó la transición de gobierno. ¿Qué tanto cambió la tónica entre el que salió y el que entró?
—Sí ha cambiado un poquito en el sentido de que traen el mensaje de que van a atender este tema, que van a apoyar, de hecho, ahorita ya se hicieron cargo por lo menos del gasto que esto genera.
Estamos pidiendo que asuman el control total, porque el Ayuntamiento ha estado atendiendo con su propio personal y es muy desgastante, porque es gente que trabaja después de su jornada de trabajo.
¿Qué atienden?
—Estar en las mesas registrando a quien llega, apoyar la parte de la limpieza del albergue, dar alimentación, la logística de las cocinas que puso la Marina, también se ayuda a que la zona se mantenga limpia.
Pedimos que nos permitan trabajar, porque Derechos Humanos no nos deja registrarlos ni revisarlos.
¿Por qué?
—Según ellos todo es violación de derechos humanos, porque vienen en caravana y piden asilo, y quién sabe qué más. Ese era el pleito, nos decían: ‘No puedes tomarles fotografías’, pero a ver, la fotografía es para saber quiénes son, si no traen ningún papel, yo tengo que saber por lo menos quién entra y quién sale.
Nos decían que no están obligados a dar nombre, que porque se violentan sus derechos.
¿Cuánto les estaba costando la atención a la caravana?
—Bajó un poco porque ya hubo dispersión, pero venía costando, en términos generales, unos 550 mil pesos diarios en todo lo que implica alimentación, la renta de baños, que se tuvieron que habilitar, y enseres, entre toallas, platos, vasos.
¿Todos los recursos los puso el gobierno del Ayuntamiento?
—Primero fue entre el gobierno del Ayuntamiento y del estado. La Federación ayudó en la segunda semana.
¿Cuántas personas quedan?
—El albergue al que fueron trasladados tiene capacidad para 6 mil personas, ahorita hay 2 mil 200.
Para nosotros el problema no es si se van, es cómo llegan aquí. No tenemos capacidad para recibir a tanta gente de un jalón.
¿Cuántos elementos de seguridad movilizaron para esta situación?
—Tuvimos que movilizar a casi 100 elementos. Tijuana está viviendo situaciones de violencia fuertes, y si además [ los migrantes] traen problemas de drogadicción, pues en dónde va a parar esa gente.
¿Cuántos han detenido?
—Más de 200 migrantes turnados al Instituto Nacional de Migración por problemas de violencia, de consumo de alcohol, drogas.
Le dijimos a Derechos Humanos que íbamos a poner unidades caninas al ingreso y respondieron que no, porque se violentan sus derechos.
No estuvieron preparados.
—No creo que haya una ciudad preparada para recibir a 5 mil personas de golpe, ni Estados Unidos lo tiene, no hay.
¿Qué pide el Ayuntamiento?
—Nunca vamos a perder nuestra vocación de ser una ciudad que atiende a migrantes, pero sí es muy importante que la Federación nos ayude en términos de cuidar qué tipo de migrantes tiene, por eso es importante tener un filtro y saber quién entra.
¿Hay algún delito que perseguir?
—Yo no quiero hablar de delito. Van de paso, pero aquí no estamos de paso, estamos en un lugar donde vienen a quedarse un tiempo largo.
