La reforma en materia de pensiones que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en septiembre pasado puede ser un primer proyecto de otros que se presenten en el mediano plazo.
El objetivo es dar efectividad a este mecanismo de la seguridad social, en el que se incluye una promoción relevante al ahorro voluntario de los trabajadores, así como elevar la competencia en el mercado de las administradoras de fondos para el retiro (Afores), destacó el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Detectó como “problemas de fondo” que podrían presentarse con la incorporación al régimen de pensiones de millones de trabajadores del sector informal, “la elevada informalidad y baja densidad de cotizaciones”.
Plantea que es necesario atender esas situaciones que imperan en la economía, “para así dar una solución de largo plazo al problema de las bajas tasas de cotización que enfrentarán muchos de los trabajadores bajo el sistema de cuentas individuales”.
El estudio fue elaborado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y expone que la iniciativa presidencial “busca elevar en más del doble el porcentaje de trabajadores que alcancen una pensión garantizada, incrementar las aportaciones tripartitas de 6.5% a 15%, siendo la aportación patronal la que absorba el incremento, así como reducir de mil 250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada para las primeras generaciones”.
El incremento promedio para la pensión que alcancen los trabajadores objeto de la reforma sería de 42%, destaca el reporte Reforma al sistema de pensiones en México 2020, el cual fue firmado por el investigador José Luis Clavellina Miller.
La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que “un mayor número de trabajadores tengan acceso a una pensión mínima garantizada”.
Para ello, aseguró el investigador, se deben tomar en cuenta varios factores, a fin de evitar otros posibles problemas.
Como ejemplo, se refirió a la disposición de que el Estado aportaría la contribución de los trabajadores de más bajos ingresos, lo que podría impulsar la formalización del empleo, “pero también fomentar la creación de empleos precarios o el subregistro del salario base de cotización al IMSS de las empresas”.
En el documento también se destaca que en el futuro serán necesarias nuevas reformas, y plantea que entonces pueden tratarse sobre la edad de jubilación, tasa de cotización de los trabajadores, así como “la promoción del ahorro voluntario o bien que éste sea automático; elevar la competencia en el mercado de Afores y de rentas vitalicias y reducir el cobro de comisiones”, entre otras propuestas que se detallan en la investigación del instituto.
