Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que nunca ha pensado en renunciar y se mantendrá firme en el cargo hasta que la Constitución determine otra cosa.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que no se siente responsable de la mala relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por aquel 5 de febrero de 2023 en que no se levantó de la silla para recibir al Ejecutivo durante la ceremonia por el aniversario de la Constitución de 1917, en Querétaro.
“Ese episodio no tuvo nada que ver con esa supuesta relación, nos volvimos a ver después, el 13 de febrero, y no hubo ninguna incomodidad, ningún desencuentro ni de su parte ni de mi parte”, refirió.
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Piña Hernández puntualizó que si el Congreso, dominado por Morena y sus aliados, determina consumar la polémica reforma judicial, “será parte de su responsabilidad histórica”, ya que no va a ser útil para mejorar el sistema de justicia mexicano porque la elección de ministros, magistrados y jueces no es el mecanismo adecuado, además de que hay riesgo de intromisión del crimen organizado.
Hay un pronunciamiento de juicio político del Presidente contra usted. ¿Parece que quieren su cabeza?
—No sabría decir si es por mi cabeza, pero yo he actuado conforme a la ley y a la Constitución, haciendo lo que se debe hacer.
¿Considera que esta intención es por venganza?
—Las decisiones jurisdiccionales no deben ser cuestionadas a través de un juicio político. Se controvierten a través de los recursos que provee nuestro propio sistema jurídico (...) estar comentando, anunciando juicios políticos puede, incluso, atentar contra la independencia judicial.
¿La Suprema Corte y el Poder Judicial agonizan y viven sus últimos momentos como los conocemos ahora?
—Yo espero que no. Estamos en la fase de Cámara de origen con un dictamen, se va a ir todavía al Senado y posteriormente se va a ir a las legislaturas de los estados.
¿Qué alternativas legales hay?
—Por el momento, a nivel nacional no hay ninguna alternativa, porque además le compete al Legislativo. Si tienen una mayoría democrática, le corresponderán al Legislativo las reformas correspondientes.
¿Cómo califica el dictamen aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados?
—Te voy a comentar mi posición a nivel personal. La elección de jueces y magistrados no es un sistema que pueda llevar un acceso a la justicia a los mexicanos ni va a ser útil para realmente mejorar el sistema de justicia en general, pero además la implementación misma de esta reforma creo que trae graves problemas, desde la operatividad, que no exista legislación reglamentaria, el que todo se haga a través de acuerdos del INE, las famosas tómbolas. Estoy consciente de que va a tener muchos problemas esta implementación, en lo personal lo creo, esperemos que se arregle como debe ser.
¿Cómo considera los requisitos para ser ministro?
—Lo que nos está pidiendo en los términos del dictamen son cinco años de experiencia y ciertos requisitos como gozar de buena fama, ser ciudadano mexicano por nacimiento, título profesional de licenciado en Derecho y aquí establecen un promedio de calificación en general de 9 y de 8.
Yo en lo personal creo que no van a implicar una mejor impartición de justicia los requisitos que se están sometiendo para ser un ministro.
Pero para ministro no hay carrera, para ser ministro nunca ha existido la carrera judicial, para ser ministro es un nombramiento que —yo siempre he dicho— es político, porque es propuesta del Presidente y selección del Senado.
Está previsto ahorita en nuestra propia Constitución, no necesariamente tienen que tener carrera judicial, pueden ser académicos, del sector público, del sector privado, o sea, estaba abierto para la integración plural de la Corte.
La reforma señala que tendrán hasta finales de octubre para renunciar a su cargo. ¿Ha pensado en renunciar?
—Lo que dice el transitorio es que los ministros que no se postulen o que no quieran participar o que no resulten electos, y que se encuentren en funciones cuando entre en vigor la convocatoria a la que se refiere el propio decreto, (...) tenemos o tienen que presentar su renuncia antes del cierre de la convocatoria, pero deberán permanecer en funciones hasta el 31 de agosto de 2025, si quieren tener un haber de retiro en la proporción que señala la ley actual.
¿Entonces eso no implica que tenga que renunciar?
—Es un poco complicado porque cada ministro va a elegir si se quiere postular o no, los que decidan no postularse a la elección tendrán que presentar su renuncia, pero esta renuncia surte efecto hasta el 31 de agosto, te quedas trabajando hasta el 31 de agosto de 2025.
¿Se va a postular para continuar como ministra?
—Yo tengo que ser congruente con lo que pienso y si pienso que este método de elección no es el idóneo para el sistema de justicia, hasta hoy congruente con lo que yo pienso, yo no me postularía.
¿Qué opina respecto a que mientras a ustedes casi los están obligando a renunciar, a los magistrados del Tribunal Electoral y Poder Judicial Federal les amplían el mandato?
—Son diferentes posturas de los legisladores, (...) se amplió el término para los magistrados, básicamente para los que ya terminaban sus funciones en octubre; se les amplía el término, pero también se les amplía el término a los consejeros y se establece un método diferente de elección entre jueces federales y locales, es completamente diferente en cuanto a la reelección, entonces sí hay algunas cuestiones que el legislador así lo consideró, pero sí implica cierto trato desigual entre el Poder Judicial Federal, concretamente jueces, y los estados federales.
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¿Cómo ve la figura de los jueces sin rostro?
—Lo único que te puedo decir es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en muchas sentencias a Perú por la participación de jueces sin rostro en distintos procesos. Porque estableció que este tipo de figuras infringen garantías judiciales protegidas por la Convención Americana en su artículo octavo. Entre ellas se impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad, cuestionar su competencia, legalidad, independencia e imparcialidad, así si se configuran causales de recusación.
¿Cómo podría el crimen organizado vulnerar el sistema de justicia con la reforma judicial que se impulsa?
—No es lo deseable, pero sí puede llegar a permear dinero de algún grupo delincuencial que quiere tener un juez para que vea sus asuntos. Máxime, que los jueces —según la reforma— no pueden ser cambiados de su lugar de adscripción.
¿Por qué no se ha escuchado una postura firme de la Corte contra la reforma judicial?
—En principio, esa sesión que tuvimos en privado, de lo que se partió, es que iba a haber una propuesta de parte de la Corte, como órgano colegiado, como institución, una propuesta institucional, y como todo órgano colegiado, por mayoría de votos, se consideró que no podíamos llegar a una postura institucional consensuada, partiendo de que algunos de los ministros no compartían la elección de jueces y magistrados, la mayoría, pero otros sí compartían la elección de jueces y magistrados.
¿Qué le dice a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro? Algunos no se sienten arropados por la Corte
—Hay solidaridad con ellos. No puede ser de otra forma, todos somos Poder Judicial Federal.
¿Cómo ve las posturas de organismos internacionales y asociaciones de jueces de otros países contra la reforma al Poder Judicial?
—Lo que pasa es que a nivel internacional se ha demostrado que el sistema de elección de jueces y magistrados no ha tenido los resultados que se esperaban, porque la legitimación de un juez o un magistrado está en su propia sentencia, no porque gane determinados puntos o determinada votación, y lo que sí se ha demostrado con hechos totalmente fehacientes es que esta forma de selección, que sería por elección, de jueces y magistrados ha afectado negativamente la impartición de justicia.
¿Hay esperanza de que se pueda frenar?
—Lo importante es que se está reflexionando sobre el tema, y es parte de nuestra obligación como Poder Judicial Federal manifestarse y expresar nuestras opiniones sobre lo que nosotros vemos riesgoso de esta reforma. Si el poder al que le corresponde la aprobación así lo decide, será parte de su responsabilidad histórica.
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¿Usted se siente responsable de la mala relación con el Ejecutivo por aquel 5 de febrero?
—No, para nada. Yo creo que ese episodio no tuvo nada que ver con esa supuesta relación, nos volvimos a ver después el 13 de febrero y no hubo ninguna incomodidad, ningún desencuentro ni de su parte ni de mi parte. Esto, lo que ha sucedido, fue a partir de que se aprobó la sentencia de Guardia Nacional, cuando el señor Presidente comentó que no se le tomara la llamada a un ministro. Pero yo no voté Guardia Nacional, o sea, no fue mi decisión votar por la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional pasara a las Fuerzas Armadas, fue el Tribunal Pleno el que por mayoría de votos decidió que esa reforma era inconstitucional.
¿Entonces la reforma judicial es una venganza por el tema de la Guardia Nacional?
—No sé las motivaciones internas del señor Presidente, y si lo he oído —y he oído mucho— que es una venganza, incluso algunos ministros lo han dicho expresamente.
¿Alguna vez pensó en renunciar a su cargo?
—No.
¿Se mantendrá firme?
—Hasta que la Constitución determine otra cosa.
