La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a 30 elementos navales contra quienes había órdenes de aprehensión por desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Mediante un comunicado, la Marina indicó que la entrega de los elementos ocurrió el pasado 9 de abril:
“Las citadas órdenes de aprehensión corresponden a los hechos ocurridos en ese estado, donde personal naval que se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión relacionadas con el presunto delito de desaparición forzada de personas.
“La Marina colabora para que las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia en México sean quienes realicen las investigaciones necesarias y queda atenta de la resolución que se emita, siempre respetuosa de los derechos humanos”, informó la dependencia de seguridad.
La Semar no precisó el lugar al que fueron trasladados los navales para ser presentados ante la autoridad que los requiere. Los casos por los que un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, emitió orden de captura contra los navales datan de febrero a junio de 2018.
Luego de ser entregados al Ministerio Público de la Federación (MPF), los navales fueron presentados ante el juez que ordenó su captura, quien celebró las audiencias iniciales correspondientes el 10 de abril pasado.
El personal de la Marina y sus defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que los 30 elementos quedaron sujetos a prisión preventiva de oficio.
El juez citó para el 14 y el 15 de abril próximos la continuación de las audiencias en las que definirá si vinculará o no a proceso a los navales detenidos.
Por las desapariciones, los familiares de las víctimas presentaron diversos amparos para tener acceso a las investigaciones iniciadas por la FGR y pese a la existencia de órdenes judiciales de hacer públicos los avances de los casos, de acuerdo con la página electrónica del organismo, los últimos informes datan de noviembre de 2019.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para proteger los derechos de los familiares de las víctimas y se les garantice el acceso a la justicia.
