Esta semana, el pleno de la Suprema Corte ha acaparado la atención nacional, y no es para menos, la discusión en torno a la dirección que se le dará a la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, es de vital trascendencia para todas las mexicanas y mexicanos. Estas resoluciones importan, no solamente por sus implicaciones prácticas y de fondo, al definir el destino de una de las instituciones con mayor presencia en nuestro país y establecer la visión de la gerencia de la seguridad de las calles; sino que también, hemos podido ser testigos del papel de la Corte como contrapeso y sobre todo, como principal garante de la Constitución. No olvidemos que, fue tras un primer intento frustrado de reformar la Constitución, que el presidente López Obrador optó por desviarse y pretender entonces, reformar la Ley de la Guardia Nacional.
En el debate de las sesiones del Pleno de estos últimos días, ha resaltado la manera irónica y hasta audaz de algunos ministros, de tratar de justificar lo injustificable. Y es que, en particular, escuchamos a aquel ministro Arturo Zaldívar que en 2018 se oponía a la militarización de la seguridad pública en la Ley de Seguridad Interior, pronunciarse a favor de entregar el control y operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es inaceptable y absurdo, el derecho no puede ser maleado y manipulado para acomodarse a la conveniencia popular. El respeto, protección y garantía de los derechos humanos, no dependen de la posición política en turno. Nuestra seguridad, no es un acto gracioso de las mayorías.
Con relación al fondo del asunto, hay un par de comentarios que me gustaría traer a escena. ¿La Guardia Nacional debería estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional?, ¿las Fuerzas Armadas deberían participar en labores de seguridad pública? Más allá del desatinado debate de si el Ejército es una institución “buena” o “mala”, voy a remitir a los hechos. Es un hecho que la mayoría de las violaciones graves a los derechos humanos en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual, han sucedido en contextos donde las fuerzas armadas se encontraban presentes. Es un hecho que la Corte Interamericana ha sentenciado en repetidas ocasiones al Estado mexicano por incumplir con sus obligaciones en materia del mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana, que deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles y donde la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Es un hecho que la naturaleza, funcionamiento y entrenamiento de los cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, son enteramente diferentes; y los ciudadanos nunca deberíamos poder llegar a ser considerados o tratados como enemigos en nuestra propia Nación. Por último, es un hecho que las Fuerzas Armadas son una institución indispensable para nuestro Estado de Derecho, por lo que es nuestra responsabilidad proteger su esencia y función, evitando que sean utilizadas como un arma de política disfrazada.