Durante tres años y cuatro meses, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador invirtió más de 409 mil millones de pesos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que está a punto de desaparecer, pues sólo falta la aprobación del Senado para que todas sus funciones se trasladen al IMSS-Bienestar.
En estos poco más de tres años, el uso de los recursos estuvo marcado por un sinfín de irregularidades, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó montos que superan los 6 mil millones de pesos.
Según reportes del propio insabi, el presupuesto se usó en pago de nóminas, subsidios transferidos a entidades federativas y gastos de operación para garantizar servicios médicos de primer y segundo niveles a más de 33 millones de personas sin seguridad social, así como para ofrecer 66 servicios de tercer nivel, entre los que destacan atención de todos los tipos de cáncer, trasplantes de corazón, médula ósea y córnea, y enfermedades cardiovasculares, entre otros padecimientos.
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Pero la atención de esas enfermedades no fue integral ni constante. En ese periodo, la ASF ha fiscalizado al Insabi en seis ocasiones y en todos los casos encontró debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de recursos, mala gestión en programas de vacunación, irregularidades en la contratación de personal médico para la atención de la pandemia por Covid-19, fallas en la adquisición consolidada de medicamentos y material de curación, así como anomalías en la adquisición consolidada y en la distribución de medicamentos oncológicos, lo que derivó en desabasto de fármacos para niños y adultos con cáncer.
Hasta la fecha, la ASF ha observado al Insabi por más de 6 mil 428 millones de pesos y ha emitido 64 recomendaciones y 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, sin que al momento se desprendan responsabilidades penales.
El Insabi fue fundado el 1 de enero de 2020 por decreto presidencial y sustituyó al Seguro Popular, fundado en 2003. Ese mismo año el instituto erogó un total de 106 mil 124 millones de pesos, a pesar de que no tenía presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, por lo que dichos recursos fueron transferidos mediante adecuaciones presupuestales líquidas.
Para 2021 se le etiquetaron 92 mil 614 millones; en 2022 el monto se elevó a 103 mil 366 millones y para 2023 tuvo otra alza y obtuvo 107 mil 216 millones de pesos.
En total, el Insabi erogó, desde su creación a la fecha, 409 mil 322 millones 639 mil 997 pesos, equivalentes a entregar pensiones del Bienestar a más de 14 millones de adultos mayores durante todo un año por la cantidad de 4 mil 800 pesos bimestrales.
En la auditoría de cumplimiento 2020-1-12U00-19-0242-2021, de la Cuenta Pública 2020, la ASF reportó debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos, “ya que el Insabi, a la fecha de la auditoría [octubre 2021] tenía pendiente la transferencia de 16 millones 952 mil 800 pesos correspondientes a 620 cirugías realizadas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y 2 mil 303 en el Centro Oncológico Internacional, S.A.P.I. de C.V”.
En ese mismo año se emitió la auditoría número 240-DS, en la que la ASF determinó que el Insabi no cumplimentó de manera adecuada la transferencia de recursos a las entidades federativas, lo que generó observaciones de posibles daños al erario por 5 mil 333 millones de pesos.
En las fiscalizaciones a la Cuenta Pública 2021, la ASF volvió a determinar deficiencias en el control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos por el Insabi para la adquisición de vacunas triple viral contra sarampión, rubeola y parotiditis, y denunció que al revisar el registro de entradas y salidas de vacunas “no se verificó que se distribuyeran a las jurisdicciones sanitarias 160 mil 369 dosis”.
En otra auditoría, la 2021-1-12U00-19-0136-2022, la ASF comprobó que durante la contratación de personal médico el Insabi gestionó pagos en la nómina por 2 millones 532 mil pesos por 249 plazas excedentes “sin contar con la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Además, se realizaron pagos por concepto de “estímulos” por 363 millones 333 mil pesos; sin embargo, “a mil 779 prestadores de servicios no se les efectuó dicho pago sin sustentar los criterios para su otorgamiento”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-1-19GYN-19-0132-2022 se acreditaron deficiencias en las adjudicaciones directas consolidadas efectuadas por el Insabi de 986 claves de medicamentos.
Este martes, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM, en la Cámara de Diputados, aprobaron la extinción de dicho instituto, motivo por el que legisladores del PAN adelantaron a EL UNIVERSAL que solicitarán una investigación.
