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“La debilidad del Estado de derecho impacta negativamente las vidas de los mexicanos”, consideró el jefe de investigación de la organización World Justice Project, Alejandro Ponce, al presentar ayer el Índice de Estado de derecho en México 2018, el primero que realizan a nivel local.
Según el informe, ningún estado del país obtuvo un puntaje mayor a 0.5 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor apego al Estado de derecho, entendido como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.
Guerrero, Baja California Sur y Estado de México resultaron las entidades peor evaluadas en la mayoría de los ocho indicadores sobre corrupción, orden y seguridad, justicia civil, justicia penal, transparencia, derechos humanos y cumplimiento regulatorio, que se analizaron con base en información obtenida de encuestas a la población en general, especialistas y de fuentes terciarias.
En contraste, Yucatán ocupa la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas.
Durante la presentación, participaron la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta Urquidi; la académica Ana Laura Magaloni; la investigadora del World Justice Project (WJP), Layda Negrete, y el integrante de la organización Causa en Común, Clemente Orozco.
Layda Negrete señaló que para abatir los altos índices de impunidad que existen en el país, se debe fortalecer la investigación criminal.
“Debemos empezar sobre cómo frenar la violencia y creo que para entender cómo se desató esta violencia, tenemos que repasar con cuidado qué significó sacar al Ejército a las calles, qué significó intentar contener la crisis de inseguridad a través de la fuerza”, indicó por su parte la académica Ana Laura Magaloni.